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¡Zeballos y Ramírez, adiós!

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No es, pues, suficiente la renuncia de Liu sino la de quienes en realidad son los responsables fundamentales de esta crisis, que le puede costar al Perú 1200 millones de dólares en el CIADI. Su idoneidad está seriamente comprometida con los intereses de nuestros demandantes.



El artículo 122 de la Constitución prescribe que “el Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y remueve a los demás ministros, a propuesta y con acuerdo, respectivamente, del Presidente del Consejo.” De esto se sigue que si hay un responsable político de haber propuesto a un ministro lobista, sin haberse asegurado de hacerlo pasar los filtros necesarios para ejercer la función pública, este es el presidente del Consejo de Ministros: el presidente de la república es inimputable político.

El señor Juan Carlos Liu Yonsen no solo asesoraba al ministerio de Energía y Minas cuando trabajaba allí, sino que su empresa era consultora de Odebrecht al mismo tiempo. Por eso es que no tuvo ningún empacho en recibir a los plenipotenciarios de la empresa mafiosa a solicitud del “amigable componedor” en que se convirtió el procurador del Estado Jorge Ramírez, otro que debería renunciar o ser destituido de inmediato pues la reunión que pidió para los brasileros en el Minem lo pinta de cuerpo entero a favor de los intereses de la constructora (Vito Corleone a Michael Corleone: “El que propone la cita, ese es el traidor, no lo olvides”).

Ahora, puesto al fresco y para tapar el escándalo, Ramírez se ha apresurado a denunciar a Odebrecht y a Barata a la fiscalía para que sean incluidos en la investigación con el propósito de verle la cara de cojuda a la opinión pública y que nadie pueda decir que él está a favor de los mafiosos. Puro humo.

Ya son dos, entonces, aquellos que deben irse a su casa y enfrentar su responsabilidad política uno, y penal el otro. Más aún si, como afirma el propio exministro Liu Yonsen, Vicente Zeballos fue comunicado de la reunión antes de que esta se produjera el 9 de enero, lo que lo pone al corriente del despropósito sin que hubiera hecho nada por detenerlo.

No es pues suficiente la renuncia de Liu, sino la de quienes en realidad son los responsables fundamentales de esta crisis que le puede costar al Perú 1200 millones de dólares en el CIADI. Su idoneidad está seriamente comprometida con los intereses de nuestros demandantes.

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