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Yo te inhabilito, tú me inhabilitas

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¿Deben postular a cargos públicos los condenados por delito doloso?



Parece evidente que aquellos ciudadanos que han sido condenados por delito doloso no deberían postular a un cargo público, y esta semana el presidente del jurado nacional de elecciones presentó un proyecto de ley al respecto. 

Nadie quiere —o nadie debería querer— tener a un congresista, presidente regional, regidor o alcalde que haya sido, probadamente, corrupto o, para el caso, asesino, proxeneta, violador, ladrón o falsificador. Pero si bien esto parece un tema de sentido común, la realidad nos dice que tenemos varios de esos: prontuariados convictos y confesos que hoy nos gobiernan o son autoridades, con el voto de una mayoría. 

Si bien el soberano es el votante, a veces parece imprescindible limitar sus facultades, a juzgar por los deplorables resultados. Sin embargo, de acuerdo con la legislación, la condena —una vez cumplida— rehabilita y por lo tanto reincorpora a la sociedad al inculpado sin ningún tipo de restricciones. Eso incluye el derecho a ser elegido autoridad. 

¿Qué hacer ante una realidad como esta? Tal vez las penas deberían incluir la inhabilitación de por vida para ejercer un cargo público. Para vivir en un Estado de derecho, hay que cumplir los requisitos pero, sobre todo, los votantes debemos ejercer el menos común de los sentidos.

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