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¿Y la inteligencia emocional?

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Este gobierno se dejó llevar por exabruptos y la consecuencia ha sido, por supuesto, el desastre.



No basta el conocimiento para ser inteligente. Hay un área crucial que es la manera equilibrada de manejar las emociones e integrar ese balance a nuestra conducta. A eso se le ha denominado inteligencia emocional.

La forma en que se ha hecho inteligencia estatal no ha tenido ese equilibrio. A ciencia cierta, sabemos de la observación y seguimiento que se ha hecho a miles de opositores políticos, empresarios y periodistas, por parte de la DINI. Pero también hemos visto como se ha abandonado por completo el seguimiento a los posibles conflictos y a quienes se manfiestan, militantemente, contra el modelo económico descrito en la Constitución —por ejemplo, los llamados antimineros—. Por un lado, se espiaba a periodistas de investigación, congresistas o alcaldes, gastando los recursos estatales en esta tarea. Por otro, se desatendía por completo la conducta de grupos violentistas que se oponen al Estado de derecho.

¿Cuál es la razón de este equivocado manejo estatal? Pues la emoción, la irreflexiva decisión de usar los recursos del Estado, en especial los de Inteligencia, para intereses políticos del gobernante y no para los intereses de la Nación. El resultado de este desequilibrio ha sido el fracaso total del gobierno de Humala a la hora de enfrentar los conflictos en la actividad minera, con el consecuente descalabro de diversos proyectos de inversión, desde Conga a Tía María. 

Se ha documentado Tía María desde 2008 y en 2011 se produjeron tres muertos al igual que hace unos días. Esta dinámica es tan grave que puede dañar el modelo económico que nos ha permitido crecer en los últimos 20 años. Entonces, ¿por qué no se estudió el tema, se recogió información y se hizo inteligencia sobre quienes alentaban este conflicto para atacar al sistema constitucional o beneficiarse económicamente (como parece ser una de las opciones de los antimineros)?

Se descuidó por completo la prevención y el monitoreo de los eventuales actores. Hoy, más de 3000 policías sumados a la participación de las FF. AA. no pueden detener la animadversión de la población y la irresponsable (y hasta ilícita) actuación de ciertos grupos.

Toda acción pública tiene consecuencias. El gobierno puede saber muchos sobre congresistas, periodistas y sus familias pero no sabe nada de lo que en verdad está ocurriendo en Islay y quienes son los antimineros o los violentistas.

Se trata de una inteligencia de Estado politizada, desleal con valores democráticos, de la incapacidad estatal para detener a estos grupos antidemocráticos, de la inacción para explicar a la población su conducta y sus verdaderas intenciones. Reiteramos: el uso “emocional” —es decir, interesado— de los recursos de Estado genera lo que estamos viendo al final del gobierno de Humala: caos y descontrol.

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