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Y la Fiscalía cedió

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Ahora que el MP hizo caso de las presiones políticas y mercantiles que pedían liberar al presidente de la comunidad de Fuerabamba —para "desentrampar "negociaciones" en Las Bambas—, sabemos que, efectivamente, Keiko Fujimori es una presa política.



Hoy se ha visto el grado de independencia de la Fiscalía de la Nación y de los fiscales en general frente al poder político del gobierno, las ONG caviares y los medios de comunicación. Estos tres actores se llenaron la boca defendiendo esa independencia cuando se trató de respaldar las tropelías del equipo especial Lava Jato contra Fuerza Popular y su líder Keiko Fujimori, presa “preventivamente” sin acusación fiscal por 36 meses (por “peligro” de fuga y de “entorpecer” la acción de la justicia).

Como se recordará, nadie podía tocar a esos fiscales, como quedó claro cuando el fiscal de la Nación Pedro Chávarry no les renovó su confianza vencido el plazo de su encargo y el que tuvo que renunciar fue él, ante la presión del presidente de la República, los medios de comunicación y las ONG caviares.

Pues bien, resulta que en los últimos días esos mismos actores presionaron pero al revés en el caso Las Bambas. El fiscal Chávez Cotrina dispuso la detención preliminar del presidente de la comunidad de Fuerabamba, de su vicepresidente, así como de los abogados por delito de extorsión a raíz de unas escuchas telefónicas judiciales que han servido de prueba para la medida (en el caso de Keiko, bastaron unos chats internos de opinión y coordinación política de la bancada para meterla presa tres años). “Esta detención preliminar que ha dispuesto el juzgado por diez días es a consecuencia de una investigación que data del 2017 y a consecuencia de que el fiscal que ha ido acoplando una serie de evidencias y actos de investigación. Por lo que ha llegado el momento, según su estrategia, de solicitar la prisión preliminar con estos presuntos abogados”, señaló Chávez Cotrina.

Como los comuneros no querían saber nada de diálogo con el gobierno si no eran liberados sus dirigentes y sus abogados sindicados de pertenecer a la banda de extorsionadores “Los Chabelos”, entonces en Lima la maquinaria de la “opinión pública” se puso a trabajar para su liberación. Y aquí se juntaron perro, pericote y gato.

Los caviares no quieren que se les caiga Vizcarra ni Del Solar porque comparten la misma agenda: antifujimorismo, antiaprismo, anti Congreso, “género”, “reformas”, etc. ¿Cómo llegaría Del Solar y su gabinete al 4 de abril con una paralización que ha escalado hasta una huelga regional?

Y por lo anterior es que el Gobierno propuso reunirse en Lima el 9 de abril con los dirigentes de Fuerabamba, “superada” la presentación del gabinete en el Congreso. El gobierno esperaba que para esa fecha los dirigentes y sus abogados estén libres porque si no, ¿con quién van a dialogar en Lima el 9 de abril? Por otro lado, los empresarios andan con los pelos de punta porque el país lleva perdiendo más de 300 millones de dólares debido al bloqueo de la carretera a la mina. Los opinólogos se sumaron a esta preocupación arguyendo que la detención del dirigente y “Los Chabelos” no había sido “oportuna” y que lo que cuestionaban era el “timing”, porque se tenía que tener en cuenta “los intereses superiores del país”: léase las cuantiosas pérdidas para el PBI.

Incluso, algunos deslizaron la idea de que la “oportunidad” de la detención obedece a un “complot” de la “mafia” que todavía aletea en la Fiscalía para tumbarse al gobierno (!).

El punto en común, sin embargo, fue que todos estos presionaron velada o descaradamente para que el fiscal no siga con la detención de los dirigentes y “Los Chabelos”, con el fin de dejar satisfechos a los comuneros y que se restituya el “diálogo”. Hasta el defensor del Pueblo salió pronunciarse sobre la “falta de motivación” de la detención del presidente de la comunidad de Fuerabamba. Solo faltó cierto sector de la Iglesia que suele fungir de “mediador” con los curas rojos de la Conferencia Episcopal (por cierto, el infaltable Barreto salió a decir que había que “domesticar la minería en su justo punto”).

Bueno, pues: hoy, tras ocho días de detención preliminar, fue liberado el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas.

¿Y la independencia de la Fiscalía?  ¿O sea que los delitos tienen que matizarse de acuerdo con los “intereses superiores del país”? ¿Esto es un Estado de derecho o una republiqueta bananera? ¿Si a Keiko la metieron presa bajo la hipótesis de que “obstruía” la acción de la justicia con su mayoría parlamentaria, no la obstruyó también el presidente de Fuerabamba con la extorsión que viene paralizando el corredor minero con el bloqueo de la carretera por más de 50 días?

¿O sea que no se puede “criminalizar la protesta” pero sí, la política? Si está prófugo el vicepresidente de la comunidad, ¿quién nos asegura que las reglas de conducta impuestas al presidente a cambio de su liberación serán respetadas? ¿No estuvo prófugo Aduviri  y ahora es presidente regional de Puno? ¿Para mis intereses todo y para mis enemigos la ley? ¿Así jugamos?

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