¡¿Y ahora quiénes andan con privilegios?!

Me ha sorprendido que algunos políticos y comentaristas estén en contra del sentimiento de la población de eliminar privilegios de la clase política. Pues la inmunidad parlamentaria es un privilegio. Los congresistas no pueden ser citados por jueces ni juzgados por ellos, como cualquier ciudadano, si antes la Corte Suprema no es autorizada por el propio Congreso.

En sus orígenes, esta protección fue pensada como una forma de proteger a las minorías. Sin embargo, en los últimos 30 años de Parlamento básicamente se ha aplicado en casos de delitos comunes cometidos por parlamentarios. De manera que si ha cambiado la realidad, deberíamos cambiar también los privilegios.

Esta inmunidad ha terminado protegiendo actos ilegales o demorado los procesos. Y no es cierto que las democracias requieran la inmunidad: en los Estados Unidos no existe al modo peruano, sino solo para casos civiles y durante el periodo de funcionamiento del Congreso. En Inglaterra, el “freedom from arrest” se aplicó exclusivamente en materia civil y no penal.

En la democracia moderna se ha optado más bien por la transparencia y por más controles. Por eso, la propuesta de la Alianza Popular por la que los congresistas renuncian a la inmunidad es buena: acaba con un privilegio que ha sido mal usado y que hoy día no está vinculado a la protección de la democracia sino a la de personas que cometieron delitos.

No es cierto que la inmunidad sea irrenunciable. Solo son irrenunciables los derechos humanos y los que expresamente señala la Constitución. En ninguna parte de ella se señala que la inmunidad es irrenunciable.

Claro, cambiar la Constitución acaba con el debate. Pero el hecho de renunciar a un privilegio ayuda mucho a que los ciudadanos entiendan que la democracia peruana nos hace iguales a todos ante la ley.