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Vizcarra a la caza

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El presidente siempre encuentra un porfiado (¡atención, "ricos"!) para golpearlo y seguir distrayéndolos con su panem et circenses, acompañado de su apocada y hoy frontalmente humillada prensa ("Pregunten mañana").



Martín Vizcarra le dijo al pueblo “te voy a dar una canasta, pero te la entregará tu municipio”, y le llovieron innumerables aplausos y unos cuantos puntos más a su ya encaramada popularidad. Al día siguiente emitió el DU que autorizó la transferencia de más de 213 millones de soles los cerca de dos mil municipios a nivel nacional para la adquisición y distribución de canastas básicas en favor de la población en situación de vulnerabilidad. Transcurridas más de tres semanas, no todos han cumplido con esta tarea, siendo que además vienen presentándose deficiencias y hasta presuntos ilícitos penales, originando el comprensible malestar en especial de las personas más afectadas (pobres y de extrema pobreza).

En una reciente diatriba, Vizcarra fustigó a los alcaldes a ser más expeditivos en la entrega total de los capachos. La Contraloría, la Fiscalía, y hasta la Defensoría del Pueblo, no se quedaron atrás. Por su parte El Comercio, lapidariamente expresó: “Si bien no es sorpresa alguna que el sector público muestre poca capacidad de gestión en circunstancias normales, en un contexto de emergencia como el que se vive no utilizar los recursos de manera oportuna es una expresión de desidia. Y el problema no solo afecta la alimentación de miles de familias, sino que puede terminar obligándolas a salir de casa a trabajar”.

Sin embargo, la realidad nos muestra un panorama distinto con relación a los municipios. Uno, el déficit presupuestal. El 85% de los ingresos es por fuente RdR –esto es recaudación (arbitrios y predial)– y que el 80% de los mismos sirven para cubrir gastos corrientes (planillas, pensiones, servicios básicos, entre otros). Con las cajas cerradas desde el 14 de marzo pasado, y sin vecino que cumpla con cancelar, entendemos que la situación de por sí ya era insostenible. Dos, el personal de planta (nombrados, contratados, y CAS) –salvo que sean considerados de necesidad ante el COVID-19– se encuentra en sus casas, pagados, pues no aplica para ellos la suspensión perfecta de labores. Por ende, las personas que vienen apoyando en la elaboración y distribución son, en su mayoría, locadores de servicios. Tres, las condiciones de movilidad al centro de trabajo.

No todos los colaboradores que trabajan en la municipalidad residen ahí mismo. Antes de la cuarentena, a varios les tomaba dos horas llegar al centro de labores. Actualmente, más todavía. A ello, hay que agregarle que el reparto de los víveres se da en las noches, con el serio riesgo de retorno a casa por parte del trabajador. Cuatro, la gran demanda de la población necesitada. Quejas, varias y en ocasiones válidas, de personas beneficiadas cuando no debieron serlo, o viceversa. Esto origina, sobre la marcha, un replanteo en la entrega (reformulación de los empadronados).

Evidentemente estos factores no interesan a la opinión pública. Es comprensible. La interrogante es: ¿no lo sabía acaso de antemano el gobierno? La respuesta cae por sí sola.

Entonces, ¿por qué lo hizo, es decir, generar esta sobrecarga laboral a los municipios? Para ocultar –una vez más– su incapacidad de gestión. A los diversos y severos casos de corrupción que vienen detectándose al interior del gobierno (sobrecostos en mascarillas, por ejemplo), se suma la indolencia en la distribución de 17 mil toneladas de alimentos almacenados en 58 mil colegios públicos del país, destinados a Qali Warma (vergonzosamente suspendido desde el inicio de la cuarentena, perjudicando a más de 4 millones de niños) y que probablemente hoy ya se encuentren en mal estado. Dícese que, recién enterado, Vizcarra ordenó que se distribuyan los mismos. Como reza el refrán “Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro”.

Sabe Vizcarra que levantada la cuarentena necesitará de una nueva “carne de cañón”. Sin más “Congreso obstruccionista” (el actual Parlamento sino sumiso, por lo menos anda propenso a ello), ni obras por mostrar, y gastado su nimio discurso de “lucha frontal contra la corrupción” (sus predilectos fiscales Vela y Pérez ahora se esconden y no quieren asistir a diligencias), debe evitar el repudio. ¿Qué mejor que alcalde(s) investigado(s) y/o preso(s) por corrupción en la compra y entrega de canastas? Y si a ello sumamos el presunto “impuesto solidario” a las grandes riquezas esbozado en el mensaje de ampliación de cuarentena, es evidente que Vizcarra encontrará siempre un porfiado (¡atención, “ricos”!) para golpearlo y seguir distrayéndolos con su panem et circenses, acompañado de su apocada y hoy frontalmente humillada prensa (“Pregunten mañana”).

Foto: Expreso

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