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Venezuela: ¡Pongamos límite al gobierno del odio!

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Ha llegado la hora de demostrar que la política exterior no es sinónimo de complacencia o doblez, de silencio burocrático o de inacción. Cuando así ocurre las tiranías se perpetúan, los pueblos sufren, y la inestabilidad amenaza la paz y la vida de las naciones.



Mañana se inicia en Chile la reunión de doce ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, que el 8 de agosto del 2017 suscribieron la Declaración de Lima. En ese documento de dieciséis puntos los cancilleres condenaron con firmeza la ruptura del orden constitucional en Venezuela, desconociendo por ilegítima la Asamblea Nacional Constituyente. Al mismo tiempo, denunciaron la ausencia de elecciones libres y la sistemática violación de derechos humanos, que comprende asesinatos, torturas y encarcelamiento de centenares de opositores, además del cierre de unos sesenta medios de prensa, entre ellos CNN.

Los ministros también repudiaron que Maduro se oponga al ingreso de alimentos y medicinas para atender la crisis humanitaria que afecta a sus ciudadanos, situación que ha provocado que miles de personas emigren desesperadamente para sobrevivir con sus familias.

Han transcurrido más de seis meses de esa declaración y la respuesta del gobierno chavista ha sido multiplicar la represión, con crueldad y arrogancia autoritaria. El reciente informe anual de Human Rights Watch, en efecto, califica ese régimen como “despiadado y autocrático”, responsable de “atrocidades en masa, con una impunidad absoluta” y agrega que hay 340 presos políticos y numerosos procesados en tribunales militares.

Por su parte, Amnistía Internacional y veinte exjefes de Estado demandan un esclarecimiento sobre la cobarde ejecución del capitán rebelde Oscar Pérez y seis de sus compañeros, ultimados de un balazo en la cabeza cuando se habían rendido. Y la Conferencia Episcopal ha salido en defensa de sacerdotes a quienes Maduro ha amenazado con aplicar la “Ley del Odio”, que sanciona hasta con doce años de carcel a los que denuncien las tropelías gubernamentales y tengan el coraje de defender los derechos humanos de un pueblo escarnecido por la fuerza de las armas.

Dentro de ese contexto, se celebra la reunión de cancilleres en Santiago de Chile. Se trata de una magnífica oportunidad para darle un nuevo giro a la política exterior latinoamericana, un impulso de eficiencia democrática. Para pasar de la retórica a los hechos demostrando que los tratados internacionales no son papeles mojados en tinta; que los principios y valores que se firman y obligan a los Estados no son frases huecas, expresiones protocolares, palabras que se lleva la ventisca.

Y ese giro puede lograrse si el bloque regional solicita a la Corte Penal Internacional que envíe un fiscal a Caracas para entrevistar a deudos y testigos del reciente crimen del capitán Pérez y concurra a los establecimientos penales para comprobar las deplorables condiciones en que se encuentran los presos políticos. Ese recurso es perfectamente posible, es viable y legal porque asesinato y tortura son calificados como crímenes de lesa humanidad por el art 7 del Estatuto de la CPI y, dada la gravedad de los delitos, el art.14 de ese texto autoriza a los Estados miembros a solicitar la intervención del fiscal para iniciar una investigación cuando se observen hechos graves como el que comentamos. Esa visita además no la podrá impedir el gobierno chavista, como sí lo hizo con la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas contra la Tortura y con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, organismos que disponen de docenas de legajos con testimonios sobre las atrocidades que se cometen en el país llanero.

Ha llegado, en suma, la hora de demostrar que la política exterior no es sinónimo de complacencia o doblez, de silencio burocrático o de inacción. Cuando así ocurre las tiranías se perpetúan, los pueblos sufren, y la inestabilidad amenaza la paz y la vida de las naciones. Por ello, por experiencia, los veintiocho países de la Comunidad Europea han prohibido el comercio de armas con Venezuela y anuncian que negarán el ingreso a su espacio territorial a los principales dirigentes chavistas, a la vez que congelarán sus activos.

En esa línea, a seis meses de la Declaración de Lima los cancilleres también pueden alcanzar un acuerdo multilateral para atender a los miles de refugiados venezolanos y analizar la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno chavista, reduciéndolas a nivel consular. Así avanzaremos.

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