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Universidades bajo presión

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El TC declaró la constitucionalidad de la nueva Ley Universitaria y abrió la caja de Pandora.



El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la nueva Ley Universitaria N° 30220 y abrió la caja de Pandora. Imposible aplicarla cuando gran parte de los afectados la cuestiona como violatoria de la autonomía universitaria. La verticalidad con la que ha sido elaborada, procesada y aprobada tiene un alto costo en un país con instituciones frágiles. El autoritarismo no paga y la imposición agrava el asunto.

La amenaza viene a través del presupuesto: u obedecen la ley intervencionista o no tendrán dinero. No importa que se paralicen más de 24 universidades del país y cierren sus puertas por falta de dinero. La Constitución da autonomía a las universidades para su gobierno y elección de autoridades pero la ley ha interrumpido caprichosa y abusivamente los plazos legales de rectores elegidos con plazos determinados. La SUNEDU los obliga a que renuncien a su cargo… y a manifestar su rebeldía, abriendo de esta manera una etapa de rechazo cuando estamos para finalizar el año académico.

Todos queremos mejor educación universitaria, con entidades acreditadas pero ello no se logrará con abuso y prepotencia. Los docentes universitarios laboran por propinas, mientras se reclama calificación de doctorados y maestrías. A esos presupuestos insultantemente exiguos se agrega la presión que significará que el Ministerio de Educación maneje las universidades mediante intervenciones, interferencias y sanciones burocráticas en las antípodas del espíritu libre.

La ley está identificada con el criterio militarista y vertical de su mentor e ideólogo el general Daniel Mora.

¿Y ahora que viene? ¿La rebeldía que paraliza y se penaliza?¿La defensa irreductible de los principios? Una comunidad universitaria en la oposición, en defensa de la libertad, seguirá invariable aunque no podrá evitar afectar a trabajadores, estudiantes y profesionales de su comunidad. Hasta el jefe político de Mora, Alejandro Toledo, ha rechazado la intromisión arbitraria que significa destituir de su cargo a los rectores elegidos y se deben a sus electores. “No se puede violar la autoridad académica, no se puede implantar un régimen autoritario como si estuviésemos en los cuarteles, no se puede arbitrariamente tratar de terminar a los rectores para los periodos que han sido elegidos y sacarlos prematuramente, eso rompe todo el estado de derecho”.

Más claro no puede ser. El TC no ha resuelto un problema político y jurídico, lo ha agravado. Solo queda que el Congreso tome cartas en el asunto.

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