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Tribunal Constitucional decide suerte de Nadine

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Cualquiera fuere su fallo sobre hábeas corpus de primera dama, perturbará el escenario político.



Nuestro sistema judicial se ha desprestigiado aún más con la decisión de amparar un hábeas corpus que impide la investigación por lavado de activos a Nadine Heredia y a 13 personas más —incluyendo dos personas jurídicas, es decir, empresas a las que no es posible aplicar dicha garantía porque no pueden perder su libertad individual por prisión indebida—.

La democracia se basa en la separación y equilibrio de poderes. El Poder Judicial no puede exhibirse subordinado a los poderes políticos y económicos como sucede en las dictaduras o ser sujeto de manipulación como sucedió con el montesinismo. Pero la garantía de la independencia judicial está en cuestión desde que el fallo alude a Nadine Heredia, considerada la persona más poderosa del país. Ahora denunciada por usurpación de poder nada menos que por Omar Chehade, el elegido primer vicepresidente de la República quien, a pesar de su renuncia al cargo, comparte con el presidente y con Marisol Espinoza, la segunda vicepresidenta, una legitimidad de origen que no puede ser ignorada.

El fiscal Ricardo Rojas, ahora trasladado a una fiscalía de Lurín, y el procurador del Ministerio Público, con la autonomía que les faltó a los jueces de la Sexta Sala de la Corte Superior al momento de amparar el dichoso hábeas corpus, han recurrido al Tribunal Constitucional para que deje sin efecto esa garantía irregularmente otorgada y permita la investigación que corresponde por lavado de activos. El pedido es procedente jurídicamente y mucho más ahora que aparecen nuevas pruebas e indicios a ser ineludiblemente tomados en cuenta, como las famosas agendas de la primera dama. El TC ha fijado audiencia para escuchar los alegatos de las partes para el 14 de este mes.

Se espera su decisión dentro de dos meses. Ojalá fuera antes, pues cualquiera fuere su fallo perturbará el escenario político. No olvidar que ingresamos a la campaña electoral y que la decisión que tomen determinará el amparo o desamparo de la fiscalía, cuya independencia frente al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo es, ya lo hemos dicho, esencial. Los ojos del país están puestos en los magistrados del alto tribunal, más allá de quienes los propusieron y los llevaron a sus cargos, que deberán demostrar responder a los principios que hacen posibles la ética y solidez institucional y no a intereses subalternos.

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