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Cabe preguntarse qué garantía de justicia puede brindar un juez cuyos fallos son constantemente desautorizados por sus superiores, y que es relapso y contumaz en meter a la cárcel por conjeturas y sin acusación fiscal a cualquier ser humano hasta por 36 meses, privándolo del derecho humano fundamental de su libertad.



No ha podido ser más simbólico el día en que la líder de la oposición y presidenta del partido Fuerza Popular ha sido enjaulada “preventivamente” por 36 meses. En una cacería de brujas que resulta evidente para cualquier país civilizado donde los estándares de la justicia sean muy altos debido a la imparcialidad de los jueces y la aplicación estricta del derecho, el juez Concepción Carhuancho –haciendo suyas casi todas las conclusiones del inquisidor fiscal Pérez– le ha impuesto una pena anticipada que en el ejercicio de su magistratura él ha convertido en regla.

La prueba más real de la parcialidad del juez es que, sin esperar el término del proceso de los demás implicados por los mismos hechos por los que se pedía prisión preventiva, decidió adelantar su juicio única y exclusivamente contra Keiko Fujimori Higuchi. La razón de este hecho que sorprendió a todos fue muy simple. La recusación contra Concepción Carhuancho por parcialidad estaba a punto de ser resuelta por la sala respectiva con una alta probabilidad de ser declarada fundada. Entonces, Concepción Carhuancho que ya había tenido junto con el inquisidor Pérez los focos de toda una prensa revientacohetes en una audiencia sin precedentes, apuró el paso para evitar ser sacado del proceso sin cumplir el único objetivo que tenía en mente: meter presa a Keiko Fujimori. Le importó un pepino Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Ana Hertz y todos los otros que seguían en la cola. No eran importantes para los fines políticos y publicitarios de Concepción Carhuancho. Lo importante era y siempre fue quedar como el juez que mete preso a los “poderosos”, no importa si –como él mismo lo dice sin ningún escrúpulo– se exime a sí mismo de cualquier “control del legalidad”. ¿Qué mayor prueba de parcialidad que esa?

Así las cosas, si mañana la sala que ve su recusación la declara fundada y su fallo de prisión preventiva contra Keiko Fujimori se viene abajo, el juez Concepción Carhuancho tendrá la foto indeleble de ser el justiciero popular que se ha creado en la opinión pública ávida de sangre contra los políticos pero, sobre todo, contra Keiko Fujimori, a la que la prensa del cartel mediático ha convertido en una bruja malvada tras años de una campaña exitosa que empezó en la segunda vuelta del 2016.

La predictibilidad del juez Concepción Carhuancho en sus continuos yerros judiciales es más que evidente así como su parcialidad, que tiene que ver con su predisposición a la venganza. Metió presos a Ollanta Humala y Nadine Heredia con el mismo cuento de la prisión preventiva en un fallo abusivo que muchos odiadores de la expareja presidencial aplaudieron entonces como focas, incluidos los de Fuerza Popular. Luego, el Tribunal Constitucional a través de un amparo los liberó después de más de un año tras las rejas y Concepción Carhuancho no tuvo mejor idea que vengarse incautándoles la casa habitación el mismo día de su liberación, con el aplauso de esos mismos odiadores de la pareja de marras.

Concepción Carhuancho también dictó prisión preventiva contra los capitostes de El Comercio y las constructoras socias de Odebrecht para luego ser igualmente corregido por sus superiores que dijeron lo mismo que el TC: a saber, la prisión preventiva es una excepción y no una regla, dejando en libertad a todos los prisioneros de la “justicia” sin fundamentos del juez.

Concepción Carhuancho fue el que hace menos de un mes dictó –en una emboscada preparada con su compinche, el inquisidor Pérez, cuando Keiko Fujimori asistía a una cita en la fiscalía– la prisión preliminar que la puso tras las rejas por diez días. De inmediato, sus superiores de la sala penal de apelaciones revocaron la medida por considerarla sin ningún sustento jurídico ni razonabilidad elemental, dejando en libertad a Keiko Fujimori y en ridículo a Concepción Carhuancho y a Pérez, después de descubrirse que el juez había pegado con puntos, comas y errores ortográficos todas las alegaciones del inquisidor, en claro contubernio.

Por eso se le recusó y no obstante ello no tuvo la delicadeza de inhibirse sino, por el contrario, se plantó nuevamente a juzgar a Fujimori con los resultados que hoy conocemos. Dados los antecedentes de venganza del juez, que fue puesta en evidencia cuando incautó la vivienda de los Humala a raíz de que el TC los dejó en libertad enmendándole la plana, esos constituyen la prueba de que a Concepción Carhuancho le importa un comino la justicia sino simplemente salirse con la suya para el aplauso fácil del populacho. Cabe preguntarse qué garantía de justicia puede brindar un juez cuyos fallos son constantemente desautorizados por sus superiores y que no aprende la lección sino que es relapso y contumaz en meter a la cárcel por conjeturas y sin acusación fiscal a cualquier ser humano hasta por 36 meses, privándolo del derecho humano fundamental de su libertad.

Es obvio que en esa misma línea de hechos que han puesto en la picota profesional los fallos de Concepción Carhuancho, Keiko Fujimori saldrá más temprano que tarde de la cárcel impuesta por él y el inquisidor Pérez, ya sea por el TC o por una sala de apelaciones.

Mención aparte merece el inquisidor Pérez. No vamos a discutir aquí su “caso” basado en conjeturas y fantasías de una novela de medio pelo que no hubiera pasado en ningún tribunal de algún país civilizado. Vamos a lo que dijo luego de salir de la audiencia exigiendo la salida del fiscal de la Nación, su superior jerárquico, al que también mencionó en su fallo Concepción Carhuancho. Esto a alimón con el Poder Ejecutivo que, en boca del primer ministro, condicionó cualquier diálogo político con Fuerza Popular –el mismo día que metían presa a su líder– a la decapitación de Pedro Gonzalo Chávarry en el Congreso. El que no quiere ver aquí la absoluta politización de la justicia y la escandalosa interferencia del gobierno y de un cogollo de operadores políticos con agenda propia (ONG y cartel mediático) es que está ciego.

La intención de Pérez para la cámara es pechar al fiscal de la Nación para convertirse en intocable sustrayéndose a cualquier fiscalización de los órganos internos del Ministerio Público: es decir, quiere hacer lo que le da la gana. El desacato y desafío al fiscal de la Nación es inadmisible y Chávarry debe echar sin contemplaciones a Pérez, así renuncie todo el equipo de Lava Jato. El fiscal de la Nación ya no tiene nada que perder pues sus poderosos enemigos no cejarán en fusilarlo haga lo que haga, sobre todo porque hay muchos (desde Palacio de Gobierno hasta los medios de comunicación) que no pueden dejar que Chávarry siga haciendo lo que su antecesor Pablo Sánchez no hizo.

Para quien no haya comprendido por qué Pérez no puede desafiar al fiscal de la Nación sin cometer una falta grave que es promover un golpe de Estado en el Ministerio Público secundado por el gobierno, sirve el ejemplo de un capitán que exige la salida del comandante conjunto de las Fuerzas Armadas o, si se quiere, peor aún, de un coronel que pecha al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, o sea, el presidente de la República. ¿No es eso un típico golpe de Estado?

Algunos juristas reputados han criticado a Chávarry por responderle a su inferior, “pisando el palito” y cayendo en su juego. No creo. Ha hecho bien el fiscal de la Nación porque esto no tiene ya nada que ver con el derecho. Es un desacato inadmisible en una institución pública y la respuesta del titular del MP debe de ser necesariamente política. Chávarry ha denunciado a Pérez como apañador del caso Chinchero y Lava Jato para favorecer a miembros del gobierno, que son los que precisamente piden la cabeza del fiscal de la Nación contra viento y marea desde hace tres meses. Dejando sentada así su posición y develando el contubernio entre Pérez y el gobierno, Chávarry tiene todo el antecedente para destituir a Pérez de inmediato, así chille la prensa, el gobierno y sus aliados en el Congreso, las redes sociales y la calle. Sería un innegable acto de justicia para que las garantías mínimas que cualquier ciudadano requiere del MP se cumplan, pues Pérez no es un fiscal: es un sicario con toga y birrete.

Por último, como yo no soy de los que se callan por temor ni abandonan sus convicciones en las épocas difíciles, afirmo que me solidarizo plenamente con Keiko Fujimori por este atropello que la pone fuera de una candidatura política para el 2021 y en vísperas de un referéndum que decidirá la suerte de la Constitución. Espero fervientemente que las instancias superiores de la justicia sean un destello de luz en el difícil camino que estamos atravesando.

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