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Somos un Estado laico, pero no agnóstico

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¿Cuál es el sustento para permitir una misa o culto pero no un servicio funerario, cuando el aforo es el mismo?



La Constitución Política nos garantiza como derechos fundamentales, entre otros, la libertad de religión (artículo 2, numeral 3). Y, si bien el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral de nuestro país prestándole su colaboración, respeta otras confesiones pudiendo establecer formas de colaboración con ellas (artículo 50).

En buen romance, somos un ESTADO LAICO. Más aún, la Ley Nº 29635 –Ley de Libertad Religiosa– refiere que “el ejercicio público y privado de este derecho es libre y tiene como único límite tanto la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales como la protección del orden, la salud y moral públicos (art. 1), y que las entidades religiosas ejercen libremente su ministerio, practicar su culto, celebrar reuniones relacionadas con su religión y establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos (art. 6, literal D)”.

De esto último, acorde con los resultados de los Censos Nacionales 2017 (INEI) –del total de la población de 12 y más años de edad–, 17´635,339 (76,0%) personas profesan la religión católica; 3´264,819 (14,1%), la evangélica; 1´115,872 (4,8%) cree en otra religión (cristiana, adventista, testigo de Jehová y mormón, israelita, budismo, judaísmo y musulmán), entre otras; mientras que 1´180,361 (5,1%) no tienen ninguna religión. Es decir, somos profundamente devotos.

Sin embargo, el 22 de octubre pasado el gobierno promulgó el DS N° 170-2020-PCM autorizando a estas entidades abrir los templos para recibir al público con aforo máximo de un tercio de su capacidad total, permitiendo bautizos, matrimonios, servicios funerarios no Covid-19 pero excluyendo, a su vez, la celebración de misas, cultos y similares de carácter regular. Aunque el propio gobierno ha cejado en tal disposición –pues a partir del 15 de noviembre podrá realizarse ceremonias como misas, bautizos y otros, cumpliendo siempre con todos los protocolos y las medidas sanitarias–, la misma norma no deja de ser objeto de polémica. Veamos por qué.

Entendemos que las reuniones con fines religiosos se suspendan por medidas sanitarias, como en el mencionado caso. No obstante ello, el gobierno –al autorizar la apertura de reuniones no puede decidir qué funciones específicas son las que deben llevarse a cabo en las mismas; vale decir, sin sustento alguno solo permite las misa o cultos pero no un servicio funerario, cuando el aforo –sean fieles o no, igual son seres humanos– es el mismo.

Aquí nos encontramos frente a discriminación, toda vez que no todas las entidades convocan la misma cantidad de fieles ni realizan las mismas actividades y tampoco con la misma frecuencia. Así, alguna entidad puede captar mayor público en misas o cultos, y otras en bautizos. Ello, además de ir en desmedro de la contribución dineraria suficiente para autosostenerse y continuar financiando sus programas sociales, ¡puesto que (si bien son organizaciones sin fines de lucro) no viven del aire! Amén de la discriminación hacia la población –como ya lo dijimos, mayoritariamente creyente– que ve impedido el acceso al centro religioso.

Este lábil gobierno debe dejar de lado el paternalismo, permitiendo que sea la propia entidad, en comunión con los fieles y público en general, quien lleve a cabo las diversas actividades litúrgicas. Ellos deben respetar, eso sí, las medidas sanitarias dispuestas frente a la COVID-19, pues “la libertad religiosa supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa (STC N° 6111-2009-PA/TC, FJ 10)”.

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