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Somos el país de las teorías incumplidas

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Cada agrupación política rema agua para su molino aquí y en todas partes del mundo, eso es clarísimo. Sin embargo, resulta alarmante que las bancadas de congresales tengan opinión distinta respecto a las prioridades de la reforma electoral, salvo en lo que concierne a la cuestionada flexibilización del reporte de gastos a la ONPE.



Cada agrupación política rema agua para su molino aquí y en todas partes del mundo, eso es clarísimo. Sin embargo, resulta alarmante que las bancadas de nuestro ilustre Congreso tengan opinión distinta respecto a las prioridades de la reforma electoral, salvo en lo que concierne a la cuestionada flexibilización del reporte de gastos a la ONPE durante campañas electorales.

En general, siempre los grupos parlamentarios se alinean cuando de recortar las facultades de fiscalización que les impactan se trata. A continuación, algunas iniciativas de interés que merecen comentario:

1. Una reciente moción del APRA plantea como requisito para postular a la presidencia de la república o al benemérito Congreso un mínimo de tres años de militancia. Esta iniciativa dizque estaría destinada a fortalecer los partidos políticos.

Se percibe tan políticamente correcta e institucional, que –vista desde afuera– debería ser aprobada de inmediato. Sin embargo, es incuestionable que la finalidad es cortarle las alas a supuestos advenedizos como Julio Guzmán y Verónika Mendoza, quienes ni siquiera por persistencia han conseguido la inscripción de sus partidos políticos y, a más inri, también resultarían impedidos de postular con un vientre de alquiler. ¡El veto sería absoluto y con nombre propio al disimulo!

Sabemos que difícilmente se aprobará pero sí quedará dando vueltas, levantando humo y caldeando el ambiente.

Los pesimistas sostienen que pronto tendrá que hacerse una ampliación del cementerio de los partidos políticos, que están destinados a morir, que la sacrificada militancia está en desuso, que la tecnología ha reemplazado el contacto físico y que el vértigo del día a día (sobrevivencia para algunos) no da tiempo ni para pensar, privilegio del que pocos peruanos gozarían hoy.

La realidad es que la valla para inscribir a los partidos políticos es altísima, casi insalvable en costo y tiempo. Y si además este sistema es percibido como una institución desfalleciente, lógico sería flexibilizar los requisitos, rescatarla (no al punto, como sostiene Nuevo Perú, de eliminar el requisito de firmas) y, en compensación, endurecer aquellos que deben cumplir para mantenerse vigentes. Como todo en la vida, subsistirán los más fuertes.

2. La bicameralidad es absolutamente innecesaria. Tema recurrente, parece un salvavidas o una cortina de humo. Hoy está bajo los cálidos flashes de las portadas periodísticas; mañana será nuevamente parte de los “misceláneos”.

El Senado sería una miniréplica de lo que hoy es el respetable Congreso, excepto que estemos dispuestos a elevar los estándares y requisitos. El problema con esto es que podría llevarlo a ser considerado discriminatorio y poco representativo. Entonces, mientras los políticos tengan las mismas calidades profesionales y personales de aquellos que desfilan o deberían desfilar ante la Comisión de Ética, promover una “cámara reflexiva” es una pérdida de tiempo y dinero, lujo que no podemos costear.

A mi juicio, hay dos temas indispensables: la eliminación del voto preferencial y  la obligatoriedad de la declaración de intereses.

El voto preferencial es lo más antojadizo y segregacionista que existe; simplemente porque favorece al candidato con dinero (propio, ajeno, bien o mal habido). Indistintamente del número que lo identifique en la lista congresal, si el postulante tiene la capacidad de empapelar su jurisdicción electoral, comprar espacios en radios y televisión, acceder a media training, a protagonismo en programas cómicos o de concurso y conquistar periodistas que hablen de su rara belleza y extraño talento, tiene asegurado su curul.

Penosamente en el Perú, el estrellato es un tema de imágenes y el contenido resulta irrelevante. Eliminar el voto preferencial es un mecanismo fundamental para fortalecer a los partidos políticos. En teoría, la lista cerrada sería una responsabilidad íntegramente de ellos y los obligaría a ser más escrupulosos, a preparar gente de reconocida militancia y mística partidaria, a escoger entre aquellos distinguidos por anteponer los intereses del partido a su agenda personal. De esta manera, podría evitarsela competencia desleal, las microcampañas y los intereses difusos.,

¿Asumimos que el Reglamento del Congreso es de obligatorio cumplimiento o no? Su artículo 4, inciso e, señala: “En el caso de participar en la discusión de temas y/o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos personales o familiares, deberá hacerse explícitas tales vinculaciones”. Una declaración de intereses certera y verificable es la mejor herramienta para evitar conflictos.

Una pena que, según lo informado por Proética, muchos congresistas no hayan cumplido hasta la fecha con presentarla (entre ellos Roberto Vieira, vinculado al sector de la pesca). ¿O es que algunos se debaten entre la disyuntiva de mentir o astutamente ignorar la obligación? Este deporte nacional de la elusión se ve perfectamente reflejado en nuestro honorable Parlamento.

Habría que recordarle a nuestros intachables padres de la patria esta frase de León Tolstói: “Todos piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”.

Los congresistas tienen un cargo de inmensa responsabilidad y, en teoría, son los llamados a predicar con el ejemplo. Luctuosamente, como en todo, somos el país de las teorías incumplidas.

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