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Somos achorados

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¿Han sido las acciones del presidente y del Congreso alimentadas por un espíritu democrático, de diálogo para buscar el consenso y, así, el desarrollo del país?



Un ‘choro’ sabe lo que tiene que hacer cuando se dispone a arrebatarle el teléfono a su víctima: el tiempo es clave y mientras más rápido lo haga menor será el rastro que dejará, y mayor será la impunidad por sus ilícitas acciones. Definen su comportamiento varias características: ser ‘mosca’ y agresivo, andar con un perfil bajo, manejar poder disuasivo y, sobre todo, esconderse en una hinchada o colectividad donde sus miembros defienden un mismo ideal (no es lo mismo robar en una calle vacía que en medio de la procesión del Señor de los Milagros).

De la conducta del ‘choro’ es que se construye el adjetivo ‘achorado’, modismo que utilizamos para describir al peruano hostil que no se somete a reflexión previa para sentenciar sus elucubraciones, y que debe actuar con rapidez e insolencia para que sea su planteamiento el que termine primando. Mientras el ‘choro’ roba bienes materiales, el ‘achorado’ arrebata bienes inmateriales (ideas o decisiones).

Hago esa breve clase de semántica para incentivar la reflexión respecto de lo que hemos atestiguado en las últimas semanas en la clase gobernante. ¿Han sido las acciones del presidente y del Congreso alimentadas por un espíritu democrático, de diálogo para buscar el consenso y, así, el desarrollo del país? Creo que la respuesta es más que obvia.

Pero, esta pregunta es aún más interesante: ¿Ha tenido nuestra clase gobernante una actitud achorada? La respuesta es “sí”, pero es necesario nadar en una explicación más completa porque no me quiero quedar en el calificativo, sino en el fenómeno que ha conducido la crisis a tan fatal desenlace.

Ante un diálogo de sordos, lo natural es que el conflicto haya sido resuelto por el fuero competente: el Tribunal Constitucional. Es decir, solo este organismo estaba facultado para responder a estas preguntas: ¿se puede interpretar como denegada la confianza cuando el Pleno no la somete a votación? ¿Se puede interpretar como primera denegatoria de confianza la que se hizo al gabinete del anterior presidente? ¿Se puedn poner plazo máximo de votación a un pedido de cuestión de confianza?

Con estas dudas absueltas se podría tomar una decisión sabia y sosegada. Pero no fue así. El carácter impulsivo imperó y llevó a un Congreso a no aprobar la reforma para adelantar las elecciones, y a un presidente a disolverlo sin estar realmente convencido de que la Constitución así lo facultaba.

Junto a estos poderes del Estado, cobró protagonismo una colectividad que –ignorando el daño que le hizo al Perú el golpe de 1992– sitió el Parlamento para demandar su disolución a como dé lugar. Ningún marchante pudo explicar los argumentos legales para que se proceda con el cierre intempestivo del Parlamento, pero de lo que sí estaban seguros es que sus codos chocaban con otros que también lo querían, por lo que el deseo no era unitario, sino masivo.

Así las cosas, la masa fue el último y mejor aliciente que necesitó Vizcarra para colocar la cereza de la disolución en el pastel de la crisis.

Al margen de las posturas polarizadas y de las opiniones tan respetables, queda en manos del Tribunal Constitucional la decisión a posteriori –y no a priori, como debió haber sido– sobre si el mandato de los 130 congresistas del periodo 2016-2021 debe quedar disuelto tal y como se forzó, o si debería ser restituido. Veremos en los días siguientes si el espíritu achorado no ha invadido también el más alto fuero de interpretación de la Carta Magna.

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