Solórzano, la 99

Llama poderosamente la atención que tres graves incidentes relativos a interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, grabaciones ilegales y forcejeos de puerta de la oficina de un congresista ocurran bajo la presidencia del Parlamento de Ana María Solórzano.

Y más aún que la opinión de esta respecto al primer caso suscitado en la persona de la funcionaria Patricia Robinson, luego de siete meses de ocurrido, sea tan breve: “Eso se encuentra en manos de la policía”. Más de medio año después, ¿la doctora Solórzano no se ha preocupado por averiguar quién o quiénes y por cuáles motivos rastrearon las comunicaciones privadas de la abogada Robinson?

Las sospechas crecen con el repentino relevo del jefe de Seguridad del Congreso, el coronel EP (r) Estuardo Loyola quien —al contrario de lo que pretende hacer creer Solórzano, vinculando su destitución a una imagen de negligencia o hasta de complicidad— fue quien alertó sobre la puerta forcejeada de la oficina de Víctor Andrés García Belaunde y mandó lacrar la del grupo parlamentario del PPC-APP donde se habían colocado micrófonos. Si ya estaba montado en el proceso de investigación de ambos casos, ¿por qué lo bota repentinamente, desde Arequipa y sin coordinar con su Mesa Directiva? Muy raro, ¿no?   

Cante, señora Solórzano: ¿Sabe usted más de lo que ha dicho sobre estos hechos?