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Sin equilibrio no hay poderes de verdad

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Entendamos de una vez que por más que no nos guste determinado funcionario público de un poder del Estado, nos encontramos en la obligación (constitucional y legal) de respetar y hacer respetar su mandato por el cual fue elegido.



En la ceremonia de clausura del año académico 2019 de la Escuela de Oficiales de la FAP, Martín Vizcarra declaró: “Por muchos años el país ha convivido por la corrupción, que fue tolerada e incluso justificada como un mal endémico enquistado en la estructura del Estado y con participación de agentes privados que se beneficiaban de ellos”.

¿A qué corrupción se refiere?

Vizcarra se ha excusado diciendo que la disolución del Parlamento se debió al obstruccionismo de sus miembros (en concreto, los de Fuerza Popular). Transcurridos poco más de sesenta días desde el 30 de setiembre, la realidad nos muestra que las cosas no son así. Primero, la forzada renuncia de tres ministros, no por hartazgo ni estrés sino por presuntos hechos de corrupción (el último, Petrozzi al haber presionado a dimitir al incómodo Hugo Coya, expresidente de IRTP, y develado además el envenenamiento a Vizcarra por parte de dos asesoras palaciegas). Lo segundo es el “redescubrimiento” de presuntos actos de corrupción del ministro Edmer Trujillo, amigo personal del golpista, mientras fue gerente general del GORE Moquegua (al término de la gestión ordenó el pago de 41 millones de soles, fraccionado en 133 comprobantes a favor del Consorcio Hospitalario, integrado por las empresas INCOT e ICCGSA, esta última vinculada al “Club de la Construcción”.

Tercero, la detección de presuntos hechos de corrupción por parte de la Contraloría a varios exfuncionarios que laboraron junto a Trujillo en dicha entidad regional, de los cuales cuatro trabajan actualmente en el mismo MTC y en el Ministerio de Vivienda (César Ramos, director ejecutivo del Programa Agua Segura para Lima y Callao). Curiosamente, el titular de dicho portafolio –entendemos, en un exceso de verborrea– apuntó: “¿Por qué no puede seguir trabajando? Mientras que el señor demuestre que profesionalmente cumple con los trabajos que se le encargan, no tendría por qué (sacarlo del cargo) y estamos en una lucha frontal contra la corrupción…. (Sic)…. Hay muchas personas que son corruptas y han salido fuera de este gobierno (La República, 16.12.2019)”.

Como reza el refrán: “A confesión de partes, relevo de pruebas”.

Estas y más son las presuntas denuncias vinculadas a hechos de corrupción que, hasta ahora, salpican a este precario gobierno. Asimismo, el prematuro encierro carcelario de su examigo Villanueva debe haber puesto en serios aprietos emocionales al propio Vizcarra, pues más allá de lo que este pueda decir en contra del último, lo cierto es que esta judicialización de la política (lawfare) que el mismo Vizcarra pregona y alienta le significará a mediano plazo un serio revés. Es decir, conoce perfectamente que al acabar su entronización en el poder (probablemente, y esperemos que así suceda, en julio de 2021) literalmente le “lloverán” denuncias que hasta hoy están siendo archivadas, postergadas u olvidadas.

A esto, hay que agregar el panorama político sombrío que se le avecina de cara a las próximas elecciones congresales de enero próximo. IPSOS (RPP, 15.12.2019) refiere que el 51% de los encuestados aún no decide por quién votará, y si las elecciones para el nuevo Congreso fueran mañana un 11% elegiría a Acción Popular, seguido por Fuerza Popular con un 8%.

Sin embargo, sabemos que Vizcarra no se amedrentará frente a esta situación, y proseguirá con el excesivo protagonismo público y su monotemático discurso de “lucha frontal contra la corrupción (la corrupción ajena, por cierto)”.

Desde luego, tales excesos y comportamiento del envenenado golpista tienen su origen, ya conocido y comentado repetitivamente, en la ausencia del equilibrio de poderes. Hace 230 años, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su Artículo 16°, señaló: “Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

Entendamos de una vez que por más que no nos guste determinado funcionario público de un poder del Estado, nos encontramos en la obligación –constitucional y legal– de respetar y hacer respetar su mandato por el cual fue elegido. Caso contrario, estaremos condenados a repetir todo esto que hoy estamos viviendo y sufriendo, y que nos costará bastante empezar a recuperarnos como sociedad.

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