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Opinión

Silvana Buscaglia: de excesos y desproporcionalidades

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¿Por qué ha tenido que recibir una condena que gran parte del país considera desproporcionada?



La reciente aplicación de la modificatoria del Nuevo Código Procesal Penal a través de la llamada Ley de Flagrancia (D.L. 1194) que establece un mecanismo sumario para condenar en tiempo récord (72 horas) a conductores ebrios, agresores o delincuentes — intervenidos infraganti— ha concitado en forma inusitada la atención de gran parte de la población. Y ha producido un debate respecto a estas penas establecidas, específicamente sobre el caso de la señora Silvana Buscaglia, quien fuera condenada a nada menos que 6 años y 8 meses por haber agredido de palabra y obra a un policía.

En términos generales, parece ser que nadie objeta que se cumpla la ley en nuestro país, el cual sigue siendo una rara síntesis entre formalidad e informalidad, entre legalidad e ilegalidad que en cierto modo no hace sino expresar nuestro atraso educativo y cultural.

Qué bien que así sea. Pero el tema en cuestión tiene que ver tanto con los excesos de ciudadanos y autoridades como también con la desproporción de las penalidades. En ambos casos, la inmensa mayoría de peruanos rechaza el mal comportamiento y la agresión de ciudadanos y autoridades, pero polemiza acerca de la desproporción de la penalidad aplicada a la referida ciudadana. Y es que a delincuentes prontuariados, culpables de atentar contra la salud, la vida o la propiedad ajena, los castigan con penas menores o, más grave todavía, los premian con la libertad plena.

En este contexto, resulta comprensible la necesidad de restablecer el principio de autoridad y, al mismo tiempo, es incomprensible por qué una ciudadana ha tenido que recibir una condena que gran parte del país estima como comparativamente desproporcionada.

La sentencia puede estar sujeta a la ley, pero no tanto a la justicia: como sabemos, no siempre es lo mismo una que otra.

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