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Ser o no ser corrupto

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En un país donde una mano construye y la otra destruye no hay ley o incentivo que combata la descomposición de la sociedad. Se trata de personas, educación y valores bien alineados.



¿La Corte Suprema es la nueva aliada de la impunidad? No: ya tiene trayectoria conocida. Empero, la reciente sentencia que establece que corresponde al Ministerio Público acreditar el origen ilícito de los bienes y no al procesado justificar su procedencia legal (para establecer delito de lavado de activos) es exigir una prueba diabólica, aquella que es imposible de verificar. ¡Una vez más nuestra administración de justicia le está dando un cheque en blanco a la corrupción!

Solo basta recordar el importante volumen de medidas cautelares que se regalan a empresas infractoras para que contraten con el Estado o a los jueces que esconden o pierden expedientes o simplemente dilatan decisiones ad-infinitum, como en los casos de Alejandro Toledo. ¿En este escenario de debilidad institucional se quiere combatir la corrupción?

El Instituto Nacional de Calidad recomienda implementar la norma 37001, denominada Ley Antisoborno, la misma que establece un sistema de gestión para mitigar los riesgos de que puedan existir sobornos en las organizaciones y para fortalecer la prevención de la corrupción tanto en el sector público como en el privado. ¡Celebro su optimismo! Sin embargo, pienso que en un país donde una mano construye y la otra destruye no hay ley o incentivo que combata la descomposición de la sociedad. Es un tema de personas, educación y valores bien alineados.

El FCPA (Foreign Corrupt Practices Act por sus siglas en inglés) es una ley que prohíbe a las compañías de Estados Unidos o a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de dónde estén ubicadas sus operaciones y sus empleados, propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción. Cuando trabajaba en BellSouth, esta ley era la columna vertebral de todo el accionar de la compañía. Estaba presente en cada negociación y actuación con públicos y privados, y no porque existieran sanciones ni porque pudiéramos ser despedidos y demandados: era una cuestión de respeto recíproco porque sabíamos que era un valor común a todos los empleados, desde el gerente general a practicantes. Para que funcionase en el Perú tenía que existir la convicción de que las reglas siempre se aplican por igual, indistintamente la posición social o económica, o los años de antigüedad en la compañía. ¡Nadie tenía corona, como debe ser!

Como bien mencionó el Fiscal de la Nación cuando se presentó la citada Norma ISO 37001, “La tarea más importante para enfrentar la corrupción es la educación, la que debe empezar en el interior de la familia”. La convicción intrínseca es la única herramienta que va a funcionar en el Perú para evitar el soborno y las malas prácticas. Podrán elaborarse las normas más sofisticadas y de primer mundo, pero si las personas no internalizan la necesidad y sobre todo las ventajas de cumplirlas, me pregunto: ¿para qué nos desgastamos produciendo legislación?

Ni las cláusulas anticorrupción en los contratos, tampoco los códigos de ética, comités de auditoría ni certificaciones de última generación van a combatir la corrupción y las perversas tentaciones. La honradez es un modo de vida, las reglas son solo referenciales. No se puede ser “forzadamente” correcto en el trabajo y violar las normas apenas se cruza el umbral de la oficina.

Como afirma el filósofo español Fernando de Savater “La educación es una parte imprescindible en el proceso democrático. Tenemos que formar personas, no solamente buenos profesionales. Tenemos que formar personas íntegras, es decir, cultivar la humanidad y la ciudadanía en cada uno de nosotros”.

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