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“Se acata pero no se cumple”

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Gracias al congresista Gilbert Violeta y al periodista Gustavo Gorriti, hoy sabemos que la justicia constitucional del TC en el caso de la ley antitránsfuga es una farsa.



El último de los lugares comunes es que “las resoluciones jurisdiccionales se cumplen”. Esta verdad de Perogrullo la dice “todo el mundo” a raíz de la filtración, a través del congresista Gilbert Violeta, de una “resolución” del Tribunal Constitucional que pondría fin a la llamada “ley antitránsfuga”.

Por ejemplo, la parlanchina ministra de Justicia Marisol Pérez Tello afirma que cumplir con la sentencia —aún inexistente porque no ha sido notificada— es lo que corresponde en un Estado de derecho. En el mismo sentido opina hoy en El Comercio Federico Salazar, por poner a alguien respetable del mundo del periodismo; mientras que Eloy Espinosa Saldaña (uno de los voceados “ojitos” de las agendas de Nadine Heredia y hoy magistrado constitucional gracias al partido de la rea) declama que “el TC tiene sentencias que obligan a todos: no hay escapatoria”. Y, como para curarse en salud, Espinosa-Saldaña advierte que la  “filtración no afecta el sentido de la sentencia del TC”.

Pero el hecho que hay que analizar y debatir aquí es otro, a saber: si ha habido en este caso afectación o no del debido proceso y, por ende, de la imparcialidad indispensable que debe tener un colegiado que imparte justicia —en este caso constitucional— para con las partes sometidas a su fuero.

Veamos como viene la mano. El congresista Gilbert Violeta no es cualquiera en este caso. Ha sido el DEMANDANTE de la inconstitucionalidad de la “ley antitránsfuga”. Es decir, Violeta es PARTE del proceso. Y en ese contexto el congresista ha sido el primero en recibir clandestinamente desde el TC una “resolución” que lo favorece y que aún no ha sido notificada a las partes, porque están pendientes las resoluciones de los votos singulares en minoría de dos magistrados constitucionales.

El hecho de que una de las partes del proceso reciba —desde el TC— la sentencia que lo beneficia antes que la otra parte implica un completo escándalo para la justicia, porque significa que quienes la han administrado a favor de Violeta y otros —los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez, Urviola Hani y Espinosa-Saldaña— NO HAN SIDO IMPARCIALES.

Gracias al desatino de Violeta de haber hecho pública la sentencia no notificada a su favor, es que hoy ha quedado al descubierto una farsa de justicia constitucional que no tiene nada que ver con el Estado de Derecho, en el que las sentencias se sí se cumplen.

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