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Run, Alejandro, run!

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Mientras el prófugo nos tiene distraídos, el Gobierno promulga un decreto de urgencia con claro NOMBRE PROPIO.



¿Toledo se habrá convertido en la versión andina de El Fugitivo o en la malévola de Forrest Gump? En todo caso parece que no dejará de correr y de esconderse, porque la vergüenza es una virtud que le es desconocida. Es el perfecto “sin vergüenza” que quiere seguir jugando con la justicia, que mantiene demasiados amigos encubiertos en el Perú y que intenta politizar gravísimos delitos comunes utilizando al más esbirro de los abogados.

¡No se lo podemos permitir! Cuanto más demore en entregarse, mayor será la atención negativa y el morbo sobre su vida corrupta y licenciosa. Su captura debería ser inminente, salvo que algún sátrapa de su misma condición decida acogerlo. ¿Recuerdan a Blacker Miller en Albania?

La tecnología y las redes sociales hacen que nuestra vida sea pública, pero también permiten el engaño masivo. Le hubiera ido mejor si hubiera tenido la hidalguía de reconocer absolutamente todos sus errores y felonías y se hubiera entregado voluntariamente. “To win an argument Roman orators taught, first win the goodwill of your audience”. La piedad de los peruanos hubiera podido ayudarlo: debió evitar un ambiente tan adverso y utilizar el arrepentimiento como un atenuante para la graduación de la pena.

Tan grave como que no se entregue es que tiene al país DISTRAÍDO y permite que el Gobierno promulgue un decreto de urgencia que, en mi opinión, claramente posee algunos nombres propios:

1. Los alcances del DU son muy restrictivos y este es solo aplicable a personas jurídicas: (i) Empresas condenadas, (ii) empresas que hubieran reconocido comisión de delitos y (iii) vinculadas a las anteriores. GyM se asoció con Odebrecht luego de que fuesen públicos sus actos de corrupción, pero dice no haberse enterado. ¡Qué suerte tiene esta empresa que legislan para ella!

2. Permite que se realicen transferencias al exterior a acreedores por concepto de pago de deuda, previamente aprobadas por Minjus. ¿Tenemos la capacidad de verificar la certeza de los créditos? Todo puede fabricarse. Cuando hay una larga cadena de empresas off shore en el medio, es muy difícil probar la vinculación económica.

3. Permite que el Estado realice pagos “por cualquier título” a estas empresas condenadas o con admisión de comisión de delitos, siempre que estos dineros se inviertan en las obras de infraestructura en curso. Autoriza al Estado a contratar supervisoras para garantizar el destino de los fondos. ¡¿Supervisoras?! Si son el ente más corrupto de la cadena de agentes que participan en una obra pública o APP.

Por supuesto, quedan otras perlitas que, desafortunadamente, la tiranía del espacio no me permite mencionar.

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