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Rumania: un ejemplo de lucha anticorrupción

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Se hace necesaria la creación de una oficina anticorrupción peruana que, además de requerir de una persona proba y dispuesta a todo, tenga independencia del poder político y judicial y el respaldo de la opinión pública, así como el soporte de la colaboración eficaz y prisión preventiva.



Laura Kövesi es el nombre de la jefa de la Directia Nationala Anticoruptie de Rumania, más conocida como la DNA. Se trata de una agencia de lucha contra la corrupción que está dando qué hablar en Europa.

Hace poco, en febrero, el presidente de Rumania Klaus Iohannis tuvo que salir a defender públicamente en el parlamento a su zarina anticorrupción ante un nuevo ataque de la mafia rumana, que pretendía con el apoyo de los partidos de mayoría sacar un decreto que despenalizaba la corrupción “por montos debajo de los 44 mil euros”. La medida era, según los proponentes, “urgentemente requerida porque las cárceles rumanas estaban sobrepobladas y se tenía que reducir el número de presos en ellas”.

Lo que había en realidad atrás de todo esto no era nada más que una lucha interna en el partido de gobierno y un intento de Livin Dragnea, actual presidente del partido socialdemócrata (PSD) y que se encuentra a punto de ser encarcelado por corrupción, de evitar el encierro y sacar de la cana a sus familiares y amigos. Fue apoyado en este esfuerzo por diputados del partido aliado del PSD, la Alianza Liberal (ALDE), quienes trataron de presionar al valeroso presidente Iohannis levantándose de sus escaños y saliendo del hemiciclo.

Felizmente, el incidente no prosperó y Laura Kövesi sigue en su puesto. Esto demuestra, sin embargo, cómo a los dieciséis años de haberse implementado la agencia las presiones políticas de los grupos de interés que viven de la corrupción no paran y que el problema es como una gangrena que pareciera no poderse solucionar nunca.

He querido citar el ejemplo rumano por ser en cuanto a su dificultad y penetración social más cercano a la realidad peruana, aunque haya otros casos como los de Singapur y Hong Kong: allí los resultados han sido impresionantes y permiten que ese país y aquella región autónoma china alardear de haber acabado con la corrupción.

Volviendo al caso rumano, habría que recordar que a pesar de una férrea oposición de todos los estamentos de gobierno Rumania tuvo que implementar en el 2002 una agencia anticorrupción en cumplimiento de las condiciones que imponía la Comunidad Europea para dejarla acceder a sus fuentes de financiamiento blando. En el caso de la creación de una agencia peruana esa oposición seguramente sería similar o peor —comenzando por el Poder Judicial y la Fiscalía, que verán reducidas sus facultades de hacer las cosas a su manera—, pero será un necesario precio a pagar por la independencia que requiere una agencia que en el Perú podría llamarse, por ejemplo, Comisión Independiente Anti Corrupción (CIAC).

Para citar solo algunos logros, entre 2016 y 2017 la DNA ha descubierto más de 1200 casos de prevaricación y 2170 casos de corrupción que están siendo procesados. La rectitud de la Sra. Kövesi y la eficiencia de la actuación de la DNA que dirige la han hecho merecedora de más del 60% de la aprobación popular (versus 12% y 22% para el Parlamento y el Ejecutivo respectivamente).

Se hace necesaria la creación de una DNA peruana que, además de requerir de una persona proba y dispuesta a todo( inclusive a olvidarse de su vida privada), tenga independencia del poder político y judicial y el respaldo de la opinión pública, así como el soporte de los ya conocidos sistemas de colaboración eficaz y prisión preventiva inmediata. El tema trasciende generaciones pero debemos hacer el esfuerzo ya.

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