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¿Roy Gates puede o no puede?

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Se pone en debate la legalidad de su defensa de Nadine Heredia para el caso Belaunde Lossio.



Ayer domingo se destaparon nuevas revelaciones en torno a controvertidos gastos y depósitos de dinero que involucran a Nadine Heredia, allegados y Venezuela. Y al frente de estos nuevos hallazgos e imputaciones por lavado de activos salió su abogado Eduardo Roy Gates.

También lo vimos acompañando a la primera dama cuando esta acudió a la comisión investigadora del Congreso sobre Martín Belaunde Lossio. Hasta hace poco, el doctor Roy Gates se desempeñó como asesor presidencial en materia jurídica, cargo al que renunció, si la memoria no nos falla, en febrero de este año.

Hay que recordar que la opinión pública tomó conocimiento de que el doctor Roy Gates acompañó al ministro de Justicia de entonces, Daniel Figallo, a reuniones informativas con la exprocuradora Yeny Vilcatoma, encargada del caso La Centralita por el que ha sido extraditado Martín Belaunde Lossio. Por lo que resulta obvio para cualquiera que en el ejercicio de sus funciones el doctor Roy Gates pudo acceder a información privilegiada o relevante sobre el caso que involucra a Martín Belaunde Lossio pues, ¿qué mejor privilegio para la relevancia del conocimiento que alguien que acompaña al ministro de Justicia para informarse sobre un caso determinado? 


El punto es que está vigente la ley N° 27588 que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. Esta norma establece que “los asesores, funcionarios o servidores con encargos específicos que, por el carácter o naturaleza de su función o de los servicios que brindan, han accedido a información privilegiada o relevante […], no podrán divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros y en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.” También señala la ley que “Los impedimentos subsistirán permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieren participado directamente. Los impedimentos se extienden hasta un año posterior al cese o a la culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual, sea por renuncia, cese, destitución o despido, vencimiento del plazo del contrato o resolución contractual.”


La pregunta es, entonces, si el doctor Roy Gates puede ser abogado defensor de la primera dama en un caso —Belaunde Lossio— en el que estuvo involucrado como asesor jurídico del presidente de la República. ¿Lo alcanza la ley? ¿Es impertinente su defensa para la ética o simplemente es ilegal? Según la ley, el contralor Fuad Khoury es el que tiene la palabra.

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