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Reconstrucción: una vez más pateamos para adelante la reforma de fondo

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El proyecto de ley del Ejecutivo tiene un impacto negativo sobre la institucionalidad del país.



Hoy el Congreso acaba de aprobar, con modificaciones, el proyecto de ley del Ejecutivo para facilitar las inversiones en la reconstrucción del país. La propuesta original recibió varias críticas, particularmente relacionadas con las funciones de la Contraloría, que fueron subsanadas. La Contraloría no tiene los recursos para hacer controles concurrentes de todas las obras y, como mencionó el propio contralor ayer, no se le debía negar la posibilidad de control posterior porque iría en contra del espíritu de su función. Es bueno que se hicieran los ajustes correspondientes.

El propósito de este artículo no es entrar a discutir los detalles de la Ley aprobada ni la conveniencia o no de los cambios introducidos. Estoy seguro de que de eso se encargará la prensa en los próximos días. Mi preocupación está por otro lado, en el cual nadie parece haber reparado: el impacto negativo de esta ley sobre la institucionalidad del país.

No estoy diciendo que la Ley no debió aprobarse: es obvio que el marco vigente para la ejecución de inversión pública en el país no permite que las obras se implementen en forma eficiente y rápida. Peor aún, a pesar de los procedimientos engorrosos, aquel no nos protege de la corrupción. Si es así, ¿no debemos proponer reformas de fondo en la forma en que se implementa y controla la inversión pública en general para asegurar que se haga bien, en plazos razonables y minimizando la corrupción?

Una vez más hemos ido por el camino facilista de aprobar una Ley hecha a la medida para resolver de manera coyuntural y cortoplacista un problema estructural que requiere una reforma profunda que nadie está dispuesto a encarar. Con la válida excusa de la urgencia de implementar las obras de reconstrucción, una vez más atentamos contra el marco legal e institucional del país.

Si consideramos que el marco para ejecutar obras públicas en el país es defectuoso, cambiémoslo. No esperemos a la próxima crisis para nuevamente introducir parches o modificaciones al mismo porque no nos gusta cómo esas normas afectan nuestra capacidad de implementación.     

No podemos vivir permanentemente sacando leyes que socavan la institucionalidad del país porque queremos hacer las cosas más rápido o porque no nos gusta el marco vigente, y porque no estamos dispuestos a cambiarlo para todas las obras públicas. Lo que necesitamos es una reforma profunda que incluya una revisión de las atribuciones de los gobiernos subnacionales, de sus capacidades y de las competencias y formas de operar de la Contraloría.

La Ley aprobada puede ser que permita una ejecución más rápida de las obras de reconstrucción, pero institucionalmente nos deja tan débiles y desprotegidos como siempre.

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