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Rápido y furioso para encarcelar, lento para apelar

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¿Resiste alguna lógica el argumento del juez? ¿Si no necesitó escuchar a todos para encarcelar por qué necesita escuchar a todos para apelar? ¿Acaso las apelaciones son colectivas?



Que el juez Richard Concepción Carhuancho administra una justicia sesgada y ajena al derecho lo demuestra él mismo con sus argumentos contradictorios cuando se trata de Keiko Fujimori. Como se recuerda, para sorpresa de todos, el 31 de octubre pasado el juez interrumpió las audiencias que se le seguían a once investigados por el caso aportes de campaña Fuerza 2011 (entre los que estaba Keiko Fujimori) y que habían comenzado el 24 de octubre.

El día de las brujas, Concepción Carhuancho afirmó que no necesitaba terminar de escuchar a los once investigados y terminar con todas las audiencias porque con respecto a Keiko Fujimori ya tenía la “convicción suficiente” para ponerle “prisión preventiva” de 36 meses.

El ordenamiento legal vigente estipula que ni bien dictada la prisión preventiva y presentado el recurso de apelación por la defensa, el juez debe elevar ese recurso en el lapso de 24 horas con el fin de que sus superiores decidan sobre si confirman o rechazan la decisión del juez pues, se entiende, la libertad es un bien jurídico cuya protección no tolera demora. Pues bien: han pasado hasta la fecha 26 días desde que Concepción Carhuancho enviara a la señora Fujimori a la cárcel y no ha movido un dedo para que la apelación presentada por su defensa sea elevada a la sala respectiva, vulnerando así, una vez más, el debido proceso de la señora Fujimori.

Recordemos que la vulneración principal del debido proceso contra Keiko Fujimori se produjo cuando el juez Concepción Carhuancho decidió por sí y ante sí que a ella no se le aplicaba el control de constitucionalidad por el cual el TC había establecido los criterios taxativos de una prisión preventiva (ante el abuso de la misma por el juez Concepción Carhuancho en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia). Concepción afirmó entonces que los estándares del TC para la aplicación de la prisión preventiva eran muy altos y, zurrándose en ellos, le aplicó a Fujimori los 36 meses de arraigo.

Hoy dice el juez que aún no tramita el recurso de apelación de la señora Fujimori porque no han concluido todas las audiencias de los once investigados, así como todos los trámites que les atañen. O sea, el argumento del juez para lo que favorece a la señora Fujimori es desestimado en razón de que no han concluido todas las audiencias y no se ha terminado de escuchar a todos los investigados. Pero cuando se trata de lo que NO favorece a la señora Fujimori –es decir, los 36 meses de prisión preventiva–, al juez le importa un comino no terminar con todas las audiencias ni escuchar a todos los investigados, pues “ya se había hecho una convicción suficiente” de que la líder de la oposición debía estar tras las rejas sin acusación fiscal. ¿Resiste alguna lógica el argumento del juez? ¿Si no necesitó escuchar a todos para encarcelar por qué necesita escuchar a todos para apelar? ¿Acaso las apelaciones son colectivas?

Así las cosas, como no hay lógica en las explicaciones y actos del juez sobre la no tramitación de la apelación interpuesta por la defensa de Keiko Fujimori (y de aplicarse el razonamiento del juez, Fujimori debería estar en libertad pues recién terminadas todas las audiencias Concepción Carhuancho debería –según su propia lógica– dictar lo que corresponda), podemos afirmar que Keiko está presa por puro gusto del juez estos 26 días transcurridos entre el 31 de octubre y el 26 de noviembre. En simple: secuestrada.

Comentario aparte merece la elevación a los altares de este tipo de jueces (y fiscales) que según muchos (hasta gente supuestamente “pensante”) están haciendo justicia por primera vez en el Perú. Mario Vargas Llosa, en un reciente artículo en el que despotrica contra el asilo de Alan García, elogia con mares de tinta a Concepción y a Pérez en su rigor carcelario. Habría que preguntarle al escritor si escribiría lo mismo de algún juez o fiscal español si, vulnerando el principio universal de presunción de inocencia, le zamparan a él tres años de cárcel preventiva por defraudación al fisco español de 1 millón de euros, mientras fuerzan al Nobel a probar su inocencia desde la cárcel y a buscar sus descargos en Gran Caimán, la Islas Vírgenes o en Andorra.

Bueno, parafraseando al sabio César Acuña, ¡España es España y el Perú es el Perú!

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