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Quis custodiet ipsos custodes?  

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¿Quién o quiénes son los encargados de controlar el ejercicio abusivo del poder que ostentan estas personas, las cuales, dicho sea de paso, representan a los órganos tutelares de nuestro Estado peruano?



La noticia de la semana (o quizá del día por como van las cosas en nuestro país) nos la trajo el Diario Expreso: “Colchado nos pidió que ‘echemos’ al fiscal Chávarry”. Así, el líder de la organización parapolítica denominada Diviac, Harvey Colchado, estaría envuelto –esta vez– en un presunto ilícito penal al amedrentar en el interior de Inspectoría de la Policía a los suboficiales PNP Juan Víctor Arias Contreras, James Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong –exescoltas del entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry– para que cambiasen de versión sobre los hechos suscitados en la oficinas del Ministerio Público, y con ello culpar al hoy fiscal Supremo Chávarry Vallejos.

Esta lamentable situación se suma (o resta dependiendo cómo lo miremos) a una serie de acontecimientos políticos cuestionables al interior del aparato estatal, como el nuevo escándalo en el Ministerio Público (cuyo lema ha quedado solo para el recuerdo, “Una luz que nunca se apaga”) a propósito de la existencia de corrupción en veinte obras de Odebrecht que no fueron incluidas en el Acuerdo por el dúo dinámico Vela-Pérez. Como bien anota Manuel Romero Caro: “Los errores cometidos y los temores sobre las futuras investigaciones que se efectuarán al respecto han afectado la unidad del equipo LJP y de la Fiscalía. A los reiterados enfrentamientos entre los fiscales Vela y Hamilton Castro, entre Chávarry  y Pablo Sánchez ahora se suma la Junta de Fiscales Supremos, que ha citado a los fiscales Vela y Pérez para que expliquen los alcances del ACO”.

Similar situación se da en el Poder Judicial, toda vez que el juez supremo Jorge Castañeda –presionado por la ONG IDL y los medios de comunicación adictos (con comentarios altisonantes de personajes no tan ocultos del gobierno del señor Vizcarra)– se inhibió a última hora de seguir conociendo la casación de la señora Keiko Fujimori. Por su parte, el INPE sigue literalmente “deshojando margaritas” preguntándose cómo y por donde escapó el delincuente –y hoy prófugo– Goro. Claro está que el cambio de funcionarios al interior fue necesario, pero nunca suficiente.

Mientras tanto, en el Ministerio de la Mujer se dieron las destempladas declaraciones de su aún titular (“¡Con tus hijos sí me meto!”). En realidad, huelgan mayores comentarios sobre este error (horror) mayúsculo por parte del señor Vizcarra al nombrar a Gloria Montenegro para esta delicada y trascendente cartera ministerial.

Todo esto nos lleva a la siguiente interrogante: Quis custodiet ipsos custodes?  O en castellano: ¿Quién o quiénes son los encargados de controlar el ejercicio abusivo del poder que ostentan estas personas, las cuales, dicho sea de paso, representan a los órganos tutelares de nuestro Estado peruano?

De manera preliminar, el Tribunal Constitucional ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia que nadie está exento de control, se trate de personas naturales o jurídicas (y en el caso de estas últimas, de derecho público o privado). Bajo esta premisa, debe entenderse que al interior de toda organización estatal existen órganos de fiscalización, de control, disciplinario, etc. Así, el Mininter cuenta con la Inspectoría y Tribunales Disciplinarios PNP. Lo mismo sucede en el Ministerio Público, pues además de la Junta de Fiscales Supremos existe la Oficina de Control Interno (Superior y Suprema).

Entonces, volviendo al tema de la Diviac: si las declaraciones de los efectivos PNP fueron ante la Fiscalía, ¿se le tomó la declaración al señor Colchado? ¿Pidieron su detención preliminar o prisión preventiva? ¿Qué acciones ha tomado el señor Morán, su jefe? La respuesta, dura pero evidente, es el persistente sometimiento de las instituciones del Estado al poder político del gobierno del señor Vizcarra. Y resulta preocupante porque rompe el equilibrio de poderes (checks and balances) que debe primar en todo Estado de derecho, conllevando a la indefensión en la adecuada protección de los derechos fundamentales de todos nosotros.

Afortunadamente, el riesgo país de nuestro Perú se mantiene y cerró en 0.94 puntos porcentuales, según refiere JP Morgan. Sin embargo, lo preocupante es que –como refiere el Diario Expreso– “la última encuesta de Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), señala que cada año 400 mil jóvenes culminan la secundaria, solamente un 4.6% de jóvenes pertenecientes a familias de bajos recursos económicos podrán continuar estudiando. Y el 94.6% restante, se insertará en un empleo informal y precario, o pasará a ser NINI”.

Es decir, más de 370 mil jóvenes no podrán seguir estudiando por falta de recursos económicos.

Imagen original: La República

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