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¿Quién controla a las rondas campesinas?

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La autoridad del Estado peruano está perdiendo terreno o claudicando frente al accionar de las rondas campesinas. Se han vuelto una fuente de poder paralelo que amenaza o hace ejercicio de la fuerza contra pobladores y/o autoridades locales.



Desde comienzos de año, el presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez ha realizado varios viajes a provincias. Entre las instituciones que decidió visitar estuvieron las rondas campesinas,a las que le dio “todo su respaldo”.

¿Eso significa impunidad? Las Rondas Campesinas se formaron en 1975 en Chota y Cutervo-Cajamarca, contra el abigeato y para suplir las deficiencias del Estado en seguridad pública. El sistema de rondas con el pasar de los años se multiplicó a nivel nacional y también llegó a incursionar en zonas urbanas. Cumplieron las funciones como establece la Ley Nº 27908: “Son la forma autónoma y democrática de organización comunal, que apoya el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las comunidades campesinas y nativas. Estas colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de conciliación extrajudicial, cumplen funciones de seguridad y contribuyen a la paz comunal dentro de su ámbito territorial”.

¿Pero quién controla a las rondas campesinas si se extralimitan en sus funciones? ¿Qué sucede si ellas violan derechos humanos aplicando su “justicia rondera”? No existe dentro del Estado peruano nadie que las supervise o fiscalice. Solo hay niveles de coordinación con la Policía Nacional (a la que entregan personas arrestadas) pero ningún control.

Lo que se está observando con preocupación es que la autoridad del Estado peruano está perdiendo terreno o claudicando frente al accionar de las rondas campesinas en las circunscripciones donde operan. Se han vuelto una fuente de poder paralelo que amenaza o hace ejercicio de la fuerza contra pobladores y/o autoridades locales. Pongamos algunos ejemplos que han quedado impunes:

  1. Las rondas campesinas castigaron públicamente a Merbin Peña Vilela, alcalde del distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia de Huancabamba-Piura.
  2. En La Libertad, los ronderos hicieron “ranear” al alcalde en plena Plaza de Armas.
  3. La jueza María Chuquillanqui Chinguel y personal de la Policía Nacional fueron atacados por un grupo de ronderos del caserío de Chipillico, en la provincia de Ayabaca (Piura). Como resultado, la jueza tuvo que ser hospitalizada.
  4. En el 2013, los ronderos de Huancabamba azotaron a seis personas que trabajaban para la minera Río Blanco Cooper, en la comunidad de Portachuelos, donde llegaron buscando a otros cinco compañeros que estaban perdidos.
  5. En Cajamarca, dieciséis miembros de las rondas campesinas de Celendín secuestraron y maltrataron a Luis Castañeda Pisco, exgobernador del distrito de Sorochuco, y a Pedro Zamora Rojas, exgobernador de la provincia de Celendín, en venganza porque ellos y los habitantes de esas y las demás localidades adyacentes al proyecto Conga apoyan de manera decidida el emprendimiento minero.

Esta situación se repite a nivel nacional con más frecuencia. ¿Y el Estado? En este clima de violencia las autoridades locales electas son desplazadas y, en cierta medida, las rondas se convierten en grupos paramilitares locales que secuestran a la población. Una muestra: no les permiten ejercer derechos fundamentales como el de libre expresión. El control de la población les permite un accionar político local sin ser autoridad electa y también les permite una plataforma para futuras candidaturas.

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