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Protesta democrática

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Sin hacer distingos de ninguna naturaleza, debemos repudiar esa insólita interferencia o intento de criminalizar la política.



Numerosos dirigentes, académicos, escritores y juristas de distintas tendencias han enaltecido la política al protestar públicamente contra la audaz e ilícita pretensión del fiscal José Domingo Pérez de suspender las actividades del partido Fuerza Popular. Los firmantes del documento, publicado el día de ayer, incluyen a destacadas personalidades que combatieron firmemente al fujimorismo pero que anteponen su respeto a las normas constitucionales y a principios democráticos, que podrían ser arrasados si prevalece la acción depredadora de la fiscalía.

Los firmantes del documento aludido señalan que, por sus graves implicancias, una decisión de esa naturaleza solo procede en casos muy puntuales y debe ser adopta por la Corte Suprema de Justicia, únicamente a petición del Fiscal de la Nación o del Defensor del Pueblo.

Es importante recordar que cuando se debatió la Ley de Partidos Políticos –reconociendo el rol fundamental que ejercen los partidos políticos en el sistema democrático– se introdujo esa norma en su artículo 14, limitando tal posibilidad solo al caso excepcional de organizaciones que promuevan o justifiquen el terrorismo o actos de violencia.

La disposición, introducida y redactada por el entonces congresista Natale Amprimo, consideró que su inclusión era necesaria pero excepcional, y que no se podría aplicar en otros casos, porque afectaría la esencia misma del Estado de derecho. En ese sentido Amprimo, jurista de reconocido prestigio, invocó la legislación alemana e italiana, aprobada después de la II Guerra Mundial, y la experiencia nazi y fascista; haciendo un inteligente símil con la posibilidad de que, a través de una fachada (por ejemplo, el MOVADEF) se produzca una infiltración de Sendero Luminoso. En resumen, el argumento se centraba en la siguiente reflexión: “No se puede permitir el uso del sistema a quien quiere destruir el sistema”.

El requerimiento del fiscal Pérez ocurre, además, cuando nos encontramos a puertas de un proceso electoral, incluso ya convocado por el presidente de la república, para elegir un nuevo gobernante y miembros del Congreso del periodo 2021-2026. En consecuencia, la prohibición que intenta imponer el representante del Ministerio Público, de progresar,  afectaría el derecho constitucional de los integrantes del Fuerza Popular para postular con candidatos a cargos electivos y también de los ciudadanos que, a través del voto, deseen apoyar a dicho partido.

Debemos, pues, repudiar esa insólita interferencia o intento de criminalizar la política –incluso a través de medidas cautelares– sin hacer distingos de ninguna naturaleza. Si mañana la fiscalía intenta hacer lo mismo con el APRA, Acción Popular, el PPC o el Partido Comunista, debemos cerrar filas para oponernos a una leguleyada que, de imponerse, perforaría las bases mismas de nuestro sistema democrático.

En ese contexto, recordamos la larga historia de repudiables vetos contra Haya de la Torre y candidatos apristas al Parlamento, en aplicación del artículo 53 de la Constitución de 1933, que prohibía la participación electoral de los llamados partidos internacionales. A su amparo, la candidatura del jefe del APRA fue vetada en los comicios de 1936, 1939, 1945, 1950 y 1956, a pesar de que en esos periodos contaba con una sólida mayoría nacional. Ello es reconocido, sin excepción, por todos los estudiosos de ese periodo de nuestra turbulenta república.

Sería bueno que la fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia, así como la Federación de Colegios de Abogados, digan su palabra sobre este caso. La independencia funcional no solo hay que tenerla e invocarla, sino también demostrarla.

Ilustración: Eneko (tomada de la web)

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