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Prohibido criticar

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Aquí en Perú nos quieren callar. Pero si la libertad tiene algún significado, este es, como diría Orwell, "el derecho a decir a la gente lo que no quiere oír".



Todos quisiéramos en estos momentos seguir con la cotidianidad vivida antes del quince de marzo pasado. Sin embargo, esta inesperada y temible pandemia nos hizo retroceder confinándonos en nuestras casas y obligándonos a solo salir en casos excepcionales. Así lo entendimos y aceptamos en gran mayoría.

El gobierno por su parte, lejos de cumplir con la tarea de darnos la seguridad y tranquilidad necesarias, hace todo lo contrario: sigue improvisando con medidas populacheras, dignas del aplauso mediático pero sin eficacia alguna.

Sabemos que toda medida que limite o restrinja derechos fundamentales debe ser motivada, máxime si viene desde el propio Estado.  Pero el primer y más importante cuestionamiento es sobre la poca o nula información que el propio gobierno brinda. Diariamente, Vizcarra se explaya antojadizamente en generalidades de su acostumbrado monólogo “Mi gobierno no escatimará esfuerzos”, mientras que los periodistas no tienen posibilidad de repreguntar (al mismo estilo de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español). Un ejemplo de ello fue el anuncio de la entrega de canastas básicas a población vulnerable a nivel nacional –que provocó el vitoreo– para complementar luego que la compra y entrega de dichas canastas (213 millones de soles) estarían a cargo de los cerca de 2000 municipios, entre distritales y provinciales.

En segundo lugar está el evidente temor a la fiscalización del gasto público. Lo anticipó Nelson Shack cuestionando el proyecto de ley (hoy ley) propuesto por el Ejecutivo respecto al control concurrente de gastos derivados del COVID-19.  Han sido puestas al fresco serias irregularidades en diversas adquisiciones: i) treinta y cinco ventiladores mecánicos para pacientes críticos infectados por esta pandemia en el Hospital de Emergencia de Ate Vitarte por más de 6 millones; y ii) guantes y alimentos por 2 millones para la Policía. Sobre la última, ya el ministro Morán aclaró que no hubo perjuicio pues la orden de compra fue anulada –“Vamos a ser drásticos en sancionar cualquier acto de corrupción”– aunque ante un posterior reportaje que detallaba las pésimas condiciones de salubridad del Hospital de Policía tuvo que confesar que recién se iba a comprar medicamentos y equipos de bioseguridad.

Por añadidura, lejos de acallar las críticas contra su sector y al propio gobierno, Morán designó como su asesora a la cesada exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza. ¿Mérito a la incompetencia?

Seguimos esperando siquiera un esbozo de estrategia a aplicar una vez levantada la cuarentena: contra la delincuencia o aspirando al reordenamiento del sector transportes (urbano e interprovincial). No obstante, persiste en su estilo de confrontación a sus opositores: hoy ‘el pueblo desobediente’, al que apela cuando recuerda a diario los miles de detenidos por incumplir cuarentena y los culpa de la prolongación de nuestro encierro.

Coincidimos con Ignacio Camacho cuando refiere que “estamos ante un momento decisivo en el que la necesidad de combatir el virus se puede convertir en la herramienta expansiva del populismo. Y en el que el miedo y la ansiedad por dejar de estar recluidos nos pueden empujar a aceptar los expeditivos métodos del totalitarismo chino” (ABC de España).

Aquí en Perú nos quieren callar. Pero es nuestro derecho criticar en libertad esta pésima gestión. Pues si la libertad tiene algún significado, este es “el derecho a decir a la gente lo que no quiere oír” (George Orwell).

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