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Prisionera política

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El gobierno de Martín Vizcarra está interviniendo directamente en la casación de Keiko Fujimori, como lo demuestran las declaraciones del ministro de Justicia respecto a su "preocupación" porque un fiscal supremo le dé la razón en su caso.



1.- Como líder de la oposición, desde hace más de ocho meses Keiko Fujimori se encuentra arbitrariamente privada de su libertad sin acusación fiscal ni sentencia de ningún tipo. Está presa “preventivamente” por tres años, investigada por hechos que no son delito.

2.- Keiko Fujimori ha seguido todas las acciones legales dentro del marco del Estado de derecho para lograr su libertad injustamente conculcada. Sin embargo, este último viernes se ha cometido un acto vergonzoso que rebasa todos los límites tolerables por la persona y la dignidad humana. El derecho a que su caso sea examinado en casación por una Sala de la Corte Suprema ha sido atropellado por presión de fuerzas paralelas a las instituciones republicanas y democráticas que utilizan métodos de coacción mafiosos para que fiscales y jueces de la sala se inhiban el mismo día de la vista de la causa. Soltar audios sin contenido delictivo, moral ni penal solo tiene por objeto amenazar a los operadores de justicia que intervienen en su proceso, bajo advertencia de que no fallen a su favor o que fallen en su contra. Estos hechos inauditos en una sociedad democrática la convierten, sin ninguna duda, en presa política.

3.- El gobierno de Martín Vizcarra está interviniendo directamente en su caso, tal como lo demuestran las declaraciones del ministro de Justicia respecto a su “preocupación” por que un fiscal supremo le dé la razón en su derecho de casación. Asimismo, el ministro de Justicia admitió haberse comunicado con la fiscal de la Nación sobre su caso para “asegurarle” que respeta la independencia de poderes. ¿Para qué tendría que asegurarle eso si respeta dicha independencia? Cuando un gobierno interviene de manera tan grotesca en la administración de justicia, y contra una ciudadana aplastando sus derechos, no estamos en un régimen democrático sino en uno que apenas guarda las apariencias de tal.

4.- La mayoría de la prensa peruana ha sido comprada con publicidad estatal para conseguir la casi unanimidad de información y de opinión a favor del gobierno y en contra de Keiko Fujimori, con un descaro pocas veces visto. Eso también sucedió contra el dos veces presidente del Perú Alan García Pérez, cuyo suicidio fue consecuencia de una persecución política y bullying mediático (“si hubiera sabido que Alan se iba a suicidar hubiera concertado una tregua”).

5.- Keiko Fujimori se encuentra indefensa ante un grupo de fiscales politizados y totalitarios, que descalifica a cualquiera que pretenda darle la razón tildándolo de mafioso “de cuello blanco”.  Son esos mismos fiscales que hoy están en la picota de la opinión pública por haber suscrito un acuerdo lesivo a los intereses del Perú con la empresa mafiosa Odebrecht, como se ha demostrado en los últimos días.

6.- La fiscal de la Nación se ha convertido en una títere de un grupo de fiscales que se ha apoderado del Ministerio Público haciendo lo que le da la gana. La creación a pocas horas de frustrada la audiencia de casación de Keiko Fujimori de un “Equipo Especial” para investigar a los supuestos “cuellos blancos” no tiene otro propósito que el amedrentamiento, el chantaje, la extorsión y la persecución política a todos aquellos que alguna vez por razones profesionales o de función se comunicaron con el exjuez supremo César Hinostroza, así como a su vez de terceros que se comunicaron con aquellos. En su momento la fiscal de la Nación tendrá que responder como lo hizo la tristemente célebre Blanca Nélida Colán, por el perfil politizado a intereses subalternos que ha tomado el Ministerio Público como lo hizo en la época de Vladimiro Montesinos.

7.- El Perú no puede estar exigiendo el respeto de la democracia y el Estado de derecho en otros países cuando no los respeta en casa, como lo hace impunemente con la líder de la oposición peruana.

Foto: El Popular

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