Por la boca muere

La línea argumental del expresidente Ollanta Humala con relación a las escuchas telefónicas a su entorno allá por el año 2011 —ordenadas por un juez a pedido de un fiscal— es que fueron consentidas por el expresidente Alan García porque sería “imposible que no supiera” del hecho dada su función como jefe del Estado.

Admitamos por un momento que la hipótesis de Humala es cierta, es decir, que el poder político intervino en su caso. Si esto fuera así, entonces también “es imposible que no supiera” Ollanta Humala, COMO PRESIDENTE, que el fiscal encarpetó durante todo su mandato las pruebas que lo incriminarían en la compra de testigos que lo sindicaban como el asesino y torturador Capitán Carlos en Madre Mía. Porque ese es el tema, a saber: que los audios y las transcripciones desaparecieron del mapa cuando el expresidente Humala ganó las elecciones generales del 2011. Es decir, con la misma lógica que Humala le aplica a Alan García podríamos inferir que el presidente Humala presionó al fiscal para que encarpetara las pruebas en su contra durante los cinco años que duró su mandato.

¿Que por qué salen hoy las pruebas que debieron salir hace seis años? Esa es una explicación que le corresponde dar al Ministerio Público y al fiscal del caso que las encarpetó. ¿Que por qué las transcripciones las tiene El Comercio antes siquiera de que el investigado expresidente haya tenido acceso a los audios? También le corresponde al fiscal de la nación darle al país una explicación, pues tal procedimiento es inadmisible en un estado de Derecho y en una democracia… salvo, claro está, que las transcripciones las haya filtrado el mismo Ollanta Humala (que las tenía hace dos meses atrás como parte de su derecho a la defensa) para deslegitimarlas hoy como ha pretendido hacer.

En todo caso, que durante su mandato las pruebas que lo incriminaban se hayan esfumado no solo deja mal parado al fiscal, sino a quien afirma que los fiscales y los jueces son títeres del poder político que él encabezó como presidente de la República entre el 2011 y el 2016.