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¿Persecución política? ¡Qué va!

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Señor Tabaré Vázquez: no tome en cuenta que el presidente Vizcarra pide la cabeza del fiscal Chávarry, que la lideresa de la oposición está irregularmente encarcelada, que García se enteró de su acusación por filtración a una ONG o que violentas turbas golpean ancianos a las afueras de su embajada.



Señor presidente de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez: ¡en el Perú no hay persecución política!

¿Acaso no ve que cuando nuestro presidente Martín Vizcarra reclama a diario la cabeza del fiscal general Pedro Chávarry y condiciona con ello el diálogo con la oposición está manifestando un profundo respeto la independencia de las instituciones? No se alarme porque no se trata nada más de una anécdota que nada tiene que ver con la investigación sobre la firma de la adenda del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, totalmente lesiva para el país.

Aquí, señor Vázquez, la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori (que jamás llegó a ser gobierno), está “pulcramente” encerrada por 36 meses sin condena mientras se le investiga por supuesto lavado de activos. No obstante que Fujimori ha demostrado que tiene todos los arraigos habidos y por haber, el fiscal Domingo Pérez y el juez Richard Concepción (elevados a la categoría de “héroes nacionales”) han considerado que la falta administrativa de recibir supuestos aportes irregulares de Odebrecht en el 2011 es suficiente como para que pase 3 años tras las rejas junto a su círculo más cercano.

Y, por favor, omita que luego de que Pérez logró meter presa a la hija de Alberto Fujimori este declaró a los medios que el fiscal general (ese cuya cabeza, como ya dijimos, piden el presidente y el primer ministro cada vez que pueden) “debería considerar su permanencia”: ese es el clamor general y está representado en las encuestas realizadas por los medios de comunicación que sobreviven gracias a la publicidad estatal.

Por otro lado, señor jefe de Estado del Uruguay, no dude de que en el Perú hay una prensa independiente que, al igual que Vizcarra y Pérez, exige la salida de Pedro Chávarry porque lo considera conveniente para los intereses del país. ¡Ni se le ocurra pensar que lo hace porque José Graña, dueño del conglomerado de medios, esté involucrado en los sobornos que pagó la corrupta constructora Odebrecht a cambio de la concesión de la Carretera Interoceánica!

Señor Tabaré Vázquez: el expresidente Alan García ha requerido el asilo a su país pese a que aquí hay una justicia justa que lo iba a encarcelar “correctamente” al igual que a Keiko Fujimori. No haga caso a que al mismo tiempo que el aprista se enteraba de que su diligencia fiscal había sido suspendida, la ONG IDL filtraba que supuestamente había recibido 100 mil dólares de Odebrecht por una conferencia realizada en el año 2012 cuando este no ocupaba ningún puesto en el gobierno. El aprista, según la imparcial ONG, tenía que haber sabido de dónde venía ese monto, señor, y esa es la única prueba irrefutable para que se le haya dictado 18 meses de impedimento de salida del país.

Señor, no le tome importancia a la turba violenta que atacó al exministro aprista Luis Alva Castro a las afueras de su embajada en nuestra capital sin que a la fecha haya algún detenido (como ocurrió cuando se quemó un patrullero en una protesta callejera para cerrar el Congreso, otra amenaza constante del gobierno). ¡No, qué va! El anciano Alva Castro (al parecer, con Alzheimer incipiente) tuvo la culpa por pasar cerca de ciudadanos de bien que reclamaban cárcel para el expresidente García y que hicieron justicia con sus manos.

Y, si nuestro presidente Vizcarra lo llamó desesperado (saltándose la comunicación formal entre cancillerías) para aclararle que aquí no hay persecución política, eso no significa que haya, en efecto, persecución política. Tampoco que congresistas izquierdistas se encuentren su país rogando que se le niegue el refugio al líder aprista.

Y, si después de todo lo expuesto, usted opta por otorgarle el asilo a Alan García, usted estaría, señor, totalmente equivocado: aquí ya se analiza la posibilidad de violar el tratado de Caracas de 1954 y no entregarle el salvoconducto a García. Una muestra más de que aquí vivimos en un Estado de Derecho.

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