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Pensando en abril

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COVID-19: Urge pensar ya en cómo contener la inmensa bola de nieve que se acerca a nuestra alicaída economía.



Más allá de la compleja tarea asumida por el propio gobierno en contener y radicar el letal virus, y ante la tristeza por los fallecidos –uno de ellos, en penosas circunstancias de abandono— continúa la legítima preocupación por nuestra alicaída economía.

Semana Económica refiere que “también es tarea del Estado proteger y otorgar facilidades a las empresas que pertenecen a los sectores más afectados, de modo que no se agrave una situación en la que probablemente disminuirá el consumo privado, se perderán empleos y subirá el riesgo de que se rompan las cadenas de pago entre proveedores, el Estado, y las grandes empresas. Eso es algo que deberían entender quienes critican la legítima preocupación de los agentes económicos”.

Es sabido que siete de cada diez peruanos trabajan en la informalidad (sin contar a la fuerza laboral migrante de los últimos dos años) y que no a todos ellos les alcanzará el subsidio ofrecido de 380 soles ni les será suficiente para retomar sus quehaceres cotidianos. Pasada la cuarentena habrá temor en salir a la calle y comprar productos que no sean considerados de primera necesidad (por ejemplo, la ropa).

Y en el plano formal se encuentra el sector público, específicamente los gobiernos locales con un presupuesto anual proyectado de S/ 27 mil millones, en el que el 80% (o más) de sus ingresos proviene directamente de la recaudación (RDR: el impuesto predial, arbitrios, multas administrativas, etc.) y el saldo les es otorgado por el gobierno central (FONCOMUN).  Queda claro que los municipios afrontan mensualmente gastos por servicios básicos (luz, agua, internet, telefonía, etc.), bienes (v. gr., útiles de escritorio), servicios (proveedores), obras (pistas y veredas), contratación de personal (CAS, SUNAT, AFP u ONP, etc.), así como diversos adeudos de gestiones anteriores y propia (demandas por pago de beneficios sociales, incumplimiento de pactos colectivos, pensiones, entre otras).

Se trata de una realidad que todas estas entidades –muchas de ellas con magros presupuestos– deben asumir, y que en estas dos semanas de emergencia dejarán de percibir.

Por ello resulta válido el cuestionamiento de las acciones a emprender por parte de Vizcarra para hacer frente a esta situación que podría tornarse caótica en los meses subsiguientes. El statu quo no es una opción, pues ocasionará rotación de personal: en buena cuenta, cese de trabajadores, así como incumplimientos de las obligaciones antes citadas. Perjudicará al vecino (esperemos deficiencias en el recojo de basura), a los trabajadores (ante la incertidumbre de la inestabilidad laboral), así como a terceros (proveedores, incluido el mismo Estado: la SUNAT). En suma, una inmensa bola de nieve que terminará perjudicándonos como sociedad.

Es cierto que hoy es momento de seguir colaborando con lo dispuesto por nuestras autoridades, manteniendo la calma y el buen humor. Pero urge también exigir al gobierno su responsabilidad –desde ahora– sobre el plan para abril y hacia adelante.

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