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Oroya bajo la sombra de Doe Run

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El bloqueo de la Carretera Central por parte de sus trabajadores ha originado ya su primera víctima.



Hace varios años el Estado peruano empezó a requerir a la empresa Doe Run el cumplimiento de normas y compromisos ambientales propios de la actividad minera que desarrolla. Ante la resistencia, llegó a imponerle multas y demás sanciones que llevaron, con el tiempo, a la paralización de las actividades de la operación.

En la actualidad, se está llevando a cabo un proceso a nivel nacional donde se busca vender la empresa y sus actividades, el cual ayer se vio frustrado por la ausencia de postores.

En los días siguientes los acreedores deberán decidir el destino final de la planta; mientras tanto, los trabajadores han bloqueado la Carretera Central reclamando flexibilidad en la regulación ambiental para permitir la reapertura de la fundición y contar con el trabajo que necesitan. Y tal enfrentamiento ha cobrado hoy su primera víctima.

Decisión complicada es la que deben afrontar las autoridades, pues existen otros procesos internacionales contra el Estado Peruano: una denuncia ante la CIDH efectuada por un grupo de pobladores cuya salud se vio afectada por la contaminación ambiental generada por la empresa y una demanda arbitral ante el CIADIS presentada por Doe Run, en la que alega haber sido expropiada en forma indirecta por exigírsele el cumplimiento de normas ambientales.

Lo que sí queda claro es que tanto pobladores como empresarios deben respetar las leyes ambientales, laborales y demás para desarollar sus tareas y no afectar los derechos de la sociedad en general, como el de libre tránsito y una adecuada calidad de vida.

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