Connect with us

Opinión

Once revelaciones de Expreso sobre el chuponeo: ¡los objetivos eran Duberlí, Lecaros y otros jueces supremos!

Publicado

el

El sector que buscaba el control de todo el aparato judicial quería interceptar los teléfonos del entonces presidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, de su asesor Luis Díaz Asto, del juez supremo César Romero, del magistrado Federico Quispe Pariona, del titular del CNM Guido Aguila y del hoy titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros.



  1. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, IDL-Reporteros tenía los audios de Walter Ríos mucho antes de que decidiera hacerlos públicos. Quería usarlos políticamente y, a través de la prensa, demoler a sus enemigos del CNM, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y colocar jueces y fiscales afines.
  2. A pesar de lo anterior, IDL se habría visto forzado a difundirlos la noche del 7 de julio de 2018 porque supuso que EXPRESO también los poseía cuando puso en su portada de esa mañana el tema del “chuponeo telefónico”. IDL, incluso, afirmó en ese momento que publicaba los audios porque conocía que se habían filtrado.
  3.  Según informantes del MP, el pretexto para escuchar a los jueces fue la investigación por parte de ‘Constelación’ de la organización criminal “Las Castañuelas de Rich Port”. Por tanto, solo se tenía permiso para chuponear a estos delincuentes. Entonces, ¡la interceptación a los jueces fue totalmente ilegal! La intención era que IDL publicara las escuchas gradualmente y de esa manera evitar que se relacionaran con las autorizadas.
  4. La fiscal Sánchez y todos los encargados de la interceptación SÍ SABÍAN a quiénes estaban espiando, porque las escuchas se habían realizado durante seis meses: un tiempo suficiente para que las empresas telefónicas informaran quiénes eran los usuarios de las líneas. Por supuesto, luego Pablo Sánchez –entonces fiscal de la Nación– aseguró que detuvo las interceptaciones al saber que estaban involucrados magistrados de niveles 3 y 4.
  5. El objetivo mayor de los sectores “progresistas” o “caviares” que buscaban el control de todo el aparato judicial era interceptar los teléfonos del entonces presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, de su asesor Luis Díaz Asto, del juez supremo César Romero, del magistrado Federico Quispe Pariona, del titular del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, y del hoy titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Incluso, se iba a realizar esta solicitud entre el 15 y 20 de julio. El pretexto sería probar la existencia de una presunta organización criminal que tenía un brazo legal –los magistrados– para defenderlos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, sicariato y extorsión.
  6. En el caso del juez Walter Ríos sí existía una organización criminal, pero fue utilizada para involucrar a cualquier magistrado que forzosamente se comunicara con Ríos –aunque no supiera de sus actividades delictivas– por su cargo como presidente de la Corte del Callao.
  7. Ante la crisis, Duberlí Rodríguez renunció y fue elegido como su reemplazante en la presidencia del Poder Judicial José Luis Lecaros, lejano a los caviares. Por ello, estos recomenzaron su labor de destrucción y señalaron que los jueces que votaron a su favor para presidir el PJ –Aldo Figueroa y Ángel Romero– también estaban involucrados en informe de la fiscal Sandra Castro sobre ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. No da resultados en el PJ pero sí en el Ministerio Público: cae Pedro Chávarry y colocan a la actual fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, ella sí integrante del grupo afín a los caviares.
  8. Quienes quisieron investigar la filtración ilegal de las citadas grabaciones fueron señalados por IDL y el cartel mediático como “cómplices de la corrupción”. Además, alegaron “violación a la libertad de expresión”.
  9. La única persona que puede solicitar una copia de las interceptaciones telefónicas es el fiscal que hizo la petición al juez: en el caso de los “Cuellos Blancos”, la fiscal Rocío Sánchez. Todos los audios que se obtienen son almacenados por la Dirección Antidrogas (Dirandro).
  10. Cuando las grabaciones fueron publicadas por IDL-Reporteros, la Fiscalía y la Policía se culparon entre ellas por la filtración. Pero, de acuerdo con las fuentes, es imposible que los efectivos policiales hayan manipulado el material y mucho menos entregado a una ONG con una tendencia ideológica totalmente contraria a la de la Policía.
  11. ¿Qué dice la norma? La Ley No. 27697 establece que  “el juez que autoriza, su personal auxiliar, el fiscal recolector así como el personal auxiliar del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú, peritos, los Procuradores Públicos y demás personas naturales o jurídicas autorizadas en el proceso de investigación, deberán guardar reserva sobre toda la información que obtengan […] El incumplimiento de este deber se sanciona con inhabilitación conforme a ley para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que el ordenamiento jurídico prevé”. Por tanto, son los fiscales los que deben responder por la filtración ante las autoridades.

Imagen tomada de www.aehightech.com

Seguir leyendo
Click para comentar

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

Bitácora de septiembre: la caballería

Seguir leyendo

Opinión

El dilema de usar o no usar

Seguir leyendo

Opinión

Imposible disfrazar el golpe de Estado

Seguir leyendo

Tendencias

Director: Ricardo Vásquez Kunze.


Contacto: [email protected]

Copyright © 2019 Todos los derechos reservados a favor de Político.pe. Aviso Legal. Desarrollado por Smart! Grupo Creativo