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Oleoducto: sangrado negro irreparable

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El daño ocasionado al ducto de Petroperú, a consecuencia de golpes con machete a la tubería, ha contaminado a una comunidad entera. Y junto a ella el subsuelo, antes fértil, que de aquí en adelante en vez de dar vida solo gestará muerte.



Como un corte en la arteria, desde hace 28 días la tierra amazónica sufre un sangrado negro que necrosa también todo a su paso. El daño ocasionado al oleoducto de Petroperú, a consecuencia de golpes con machete a la tubería, es irreparable. Una comunidad entera se ha contaminado y junto a ella el subsuelo, antes fértil, que de aquí en adelante en vez de dar vida solo gestará muerte.

Valen los esfuerzos de la entidad por resarcir el impacto ambiental, pero tomando en cuenta que este es un atentado más de los 34 dolosos registrados y otros 28 por falta de mantenimiento, toca cuestionar seriamente las capacidades del aparato estatal en la administración de una industria que a estas alturas debería tener un sistema de tuberías de interconexión subterránea y contar con una ingeniería que respete los estándares de protección medio ambiental, además de control y reducción del riesgo comunitario.

La infraestructura original fue concebida en los setenta y su obsoleta logística de transporte del crudo está expuesta a vista y paciencia de cualquiera: vulnerabilidad al máximo que explica la facilidad de los atentados por parte de azuzadores que manipulan a las comunidades nativas con el fin de sacar provecho económico/político so pretexto de una ecología post mortem. Y la pregunta de todos es: ¿cómo se castiga, se mitiga y prevé?

Difícil. Porque por otro lado tenemos Madre de Dios y las imágenes de una realidad mucho más dolorosa: el abandono absoluto de las autoridades y la imposibilidad de un rastreo permanente contra la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico humano, animal y otras actividades delictivas que se retroalimentan entre sí.

¿Por qué? Fuentes de las fuerzas del orden que protegeremos para fines de esta nota exclusiva para POLÍTICO.PE exponen que la principal complicación para la labor policial es el ínfimo presupuesto de operaciones y  lo agreste del área del Oleoducto y zonas aledañas. Territorios inhóspitos que son dominados de entrada y salida por comunidades nativas representadas por líderes/dirigentes que no necesariamente persiguen lo mejor para sus pueblos. Asimismo, el número de efectivos policiales siempre será reducido ante poblaciones enteras (miles) que responden libremente con dureza –a veces agresividad desmedida, producto de manipulación– pues saben que el Estado SIEMPRE RETROTRAE la estrategia de la fuerza. “Por ejemplo, la operación Mercurio 2019 tuvo primer gran impacto porque eran 1700 policías en rigor, pero es imposible mantener ese equipo perenne porque cada día hay que atender necesidades que también son urgentes. Bueno, de esos mil setecientos, no deben quedar más de cien… a lo mucho”, manifestó nuestra fuente.

El clamor de los peruanos es la imposición del principio de autoridad así como la instauración del orden. Sin embargo, el cuerpo de choque –pese a tener absoluta razón de ser ejecutado en determinadas circunstancias– no es alternativa para los últimos gobiernos.

“La PNP está preparada para eso que se llama principio de masificación; cuando a 200 personas le metes 1700 tombos. Pero no tenemos libertad de proceder porque no se confía en nuestra capacidad y el Gobierno cree que se va a pelear. Mal criterio para tomar decisiones. En situaciones extremas, donde incluso en un pasado se han registrado muertes, el diálogo tiende a fracasar. La PCM y los ministerios de injerencia tienen que  ejecutar el diálogo de forma PREVENTIVA, con anticipo, no cuando las reacciones estallan.

Ahora, por ejemplo, hay equipos especiales DINOES metidos de pies y cabeza en Tía María, tan igual como Las Bambas y otras misiones, haciendo lo que se pueda para contener problemas mayores. Por ejemplo, si se sabía que el paro de Tía María iba ser hoy, ayer debió existir todo un despliegue, hasta de 3000 policías para mil almas; eso permitirá contener daños como el cierre de vías y carreteras. Si mañana se movilizaran pueblos enteros –serán dos mil– necesitaríamos cuatro mil efectivos”, nos dijeron.

Por tanto, nuestra estrategia debería ser la aplicación gradual de la fuerza. Estamos hablando hasta de infiltración de mafias contra el sector extractivo que por décadas operan en este y otros proyectos, como una forma de subversión con apoyo de políticos. No olvidemos que en Las Bambas existía todo un grupo de crimen organizado dedicado a la extorsión en agravio de la empresa minera MMG y los pasivos los seguimos padeciendo en la economía de nuestras billeteras, los peruanos.

“Bueno fuera si de la misma forma se enfrentaran los pobladores, amparados por el sistema de justicia nacional, a las operaciones ilegales que van ganando terreno en la Amazonía porque el Estado está imposibilitado de tener presencia 24×7. Es imposible erradicar lo que hay en el Oriente así como en las lejanías si no se trabaja confiando en la articulación de instituciones a través de una estrategia sostenida”, puntualizaron.

Dicho esto y cuando el desastre esta hecho,  es que nosotros, desde la sociedad civil, pedimos presencia del Ejército como palanca de apoyo a la PNP pero en la estructura de delegación de funciones: reventar dragas, combatir el delito, hacer labores de infiltración, inteligencia, controlar manifestaciones, así como proteger al máximo las reservas naturales no es trabajo de Defensa. Estarían supliendo las que corresponden al Ministerio del Interior.

La Policía está en capacidad de respuesta; sin embargo, también se debe de pensar que los altos mandos de esta institución tienen que ser personas con mucha capacidad de decisión, experiencia y liderazgo para saber imponerse –con su sapiencia en mitigación de conflictos y erradicación del crimen– al Ejecutivo.

Regresando al tema inicial: si bien contrarrestar la contaminación medioambiental (ya sea por dolo, malas prácticas o falta de capacidad del Estado) es en una labor compleja de larga ejecución, por algo se debe empezar. Se requiere mayor labor de inteligencia, presencia constante, inversión tecnológica en satélites y drones de máxima capacidad de registro para sobrevolar de forma inadvertida las zonas más vulnerables.

Se critica la baja ejecución presupuestaria en el primer semestre del 2019, que no llega ni al 20% en algunas carteras. Ojalá que se considere en este régimen no solo la urgente inversión pública sino también los requerimientos inmediatos de las fuerzas del orden para mostrar resultados a la ciudadanía. La inyección tecnológica es necesaria para poner contra el suelo al delito.

Imagen: El Comercio

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