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¡Nos hacen temblar!

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"En el Perú, más daño han hecho los alcaldes que los terremotos".



“En el Perú, más daño han hecho los alcaldes que los terremotos”. Esta frase atribuida a Jorge Basadre se ha cumplido en el país con una rigurosidad muy desafortunada.

Sería interminable describir las fechorías y malos manejos de las autoridades ediles en nuestro país, porque cada día nos sorprendemos con una nueva. Estamos tan acostumbrados que su difusión se limita a una o dos noticias, cuando debería ser un megaescándalo con fuertes represalias. ¿Resignación? ¿Conformismo? Quizás simple desgano y cansancio porque sentimos que la corrupción es abrumadora y que somos una sociedad huérfana, sin herramientas para combatirla.

Estoy a favor de la reelección de gobernadores regionales y alcaldes por una única vez simplemente porque, poniendo las cosas en perspectiva, es importante para el país que las buenas autoridades continúen en función. De no permitirlo, estaríamos injustamente penalizando a los ciudadanos. Los malos funcionarios, así no sean electos, tienen una maquinaria tan poderosa dentro de su institución que es irrelevante que ostenten el cargo porque siguen mandando: son el poder detrás del títere.

Clarísimo ejemplo: Félix Moreno. ¿Qué “rara belleza y extraño talento” tendrá para haber conseguido que le revoquen, con mucha celeridad, la medida de prisión preventiva de 18 meses que ordenó el Poder Judicial en el mes de abril pasado? Obviamente, el consejo (servil) le ha levantado la suspensión y el JNE atado de manos se ha visto obligado a restituirle su credencial. ¡Precedente nefasto!

Al final no actúa solo, por lo que dentro o fuera de prisión la maquinaria sigue caminando. La liberación es una demostración de fuerza y constituye alimento para su ego, gracias a un Poder Judicial cómplice y sin ninguna orientación a resultados y eficiencia.

El gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, es acusado de los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y colusión simple por eventual corrupción en 13 licitaciones otorgadas durante su primera gestión. Hace casi un año se le revocó la prisión preventiva luego de 25 meses en el penal de Piedras Gordas, demostrando absoluta incapacidad de nuestra administración de justicia para recabar las pruebas necesarias para iniciar los procesos.

El JNE no le devolverá sus credenciales para ocupar el cargo de gobernador, lo cual jugaría en contra de los intereses del país porque Santos malgasta su tiempo en proselitismo antiminero en Pasco o el corredor Cusco -Apurímac. ¡Si va a seguir contaminando mentes y corazones que se limite a Cajamarca… ¡aunque mejor estaría en prisión purgando su merecida condena!

El exgobernador de Apurímac, actualmente prófugo, afronta 20 procesos arbitrales por suscribir contratos favoreciendo a empresas amigas. Edwin Licona, gobernador regional del Cusco,  fue cuestionado por comprometer más del 90% de su presupuesto en la construcción del sobrevaluado Hospital Antonio Lorena. Simplemente se olvidó del resto de prioridades. Ese mismo gobernador pretendía que Chinchero se construya contra viento y marea y así poder obtener jugosas regalías de la operación.

La sumatoria de casos es interminable. PPK dijo NO a la corrupción como el objetivo principal de su gobierno sin siquiera soñar con el caso Lava Jato o los destapes que se producirían a todo nivel durante este primer año, especialmente relacionados con algunos megaproyectos donde hay demasiadas manos sucias y de todos los colores políticos.

La pérdida de confianza es mayúscula; todo nos genera suspicacia. La presunción de inocencia no existe más, el caso fortuito o fuerza mayor está en desuso simplemente porque siempre hay intencionalidad, dolo y responsabilidad. Y en este podrido entorno regional/vecinal, Pablo de la Flor ha aceptado el reto de liderar la reconstrucción. En teoría, los gobernadores regionales y alcaldes deberían constituir piezas fundamentales en este esfuerzo, pero a duras penas pueden con su propia gestión. El pobre cumplimiento presupuestal y la penosa reacción ante cualquier desastre lo confirman.

Sin embargo, son organizadísimos para comunicarse con la opinión pública. Este último domingo 27 de junio contrataron un aviso de media página en El Comercio a través del cual manifiestan que “desde 1980 hasta el 2014 que se restableció la democrática y libre elección y reelección de alcalde […] los ciudadanos en sus respectivas jurisdicciones, no han reelegido a más de un tercio de sus autoridades ediles, demostrando que la reelección no genera continuismo ni es sinónimo de manipulación electoral”.

Desafortunadamente, así hagan muchos méritos durante los 18 meses que les restan de gobierno, nada asegura que conseguirán modificar la norma. El tema es político y Fuerza Popular tiene la voz cantante.

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