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No todos los remedios son buenos

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La intervención del Legislativo y Ejecutivo en el nombramiento de los magistrados del CNM solo agravaría la crisis de nuestras instituciones.



Una de las propuestas más llamativas en el último mensaje presidencial ha sido el proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo encargado del nombramiento y ratificación de los jueces y fiscales de la nación. A modo de ser didáctico, mencionaré que en la actualidad el CNM está conformado por siete miembros, los cuales son elegidos como representantes de la Corte Suprema (1), la junta de Fiscales Supremos (1), los colegios de abogados a nivel nacional (1), los rectores de las universidades nacionales (1), los rectores de las universidades privadas (1) y los demás colegios profesionales (2), pudiendo ampliarse su número a nueve con dos miembros adicionales designados por el mismo Consejo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto que propone PPK modifica la conformación del CNM para sea reducida a cinco miembros: un representante del Poder Ejecutivo, uno del Poder Legislativo, uno del Poder Judicial y otro del Ministerio Público, permitiendo que entre estos cuatro puedan designar al quinto miembro del Consejo.

Si analizamos detenidamente esta nueva conformación, tendremos claro la existencia del riesgo de que más de la mitad de los integrantes del Consejo no tengan ninguna vinculación con el derecho. Los congresistas y los miembros del Poder Ejecutivo son sobre todas las cosas políticos miembros de organizaciones políticas partidarias, entre cuyas atribuciones está aprobar los presupuestos tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Por lo mismo yace el peligro latente de la intromisión y manipulación de los nombramientos de nuestros futuros jueces y fiscales.

La percepción de la ciudadanía siempre ha sido que el Poder Judicial esta “partidarizado” y que esta parcialidad va de acuerdo con las sentencias que los juzgadores emitan: para el comunista los jueces son apristas o de derecha cuando sus resoluciones no les gustan; mientras que para otros los jueces son “caviares” por los mismos motivos que sostienen sus antagonistas. De ahí la necesidad de buscar mecanismos para que los miembros del CNM reúnan los requisitos de probidad necesarios, con el fin de que sus nombramientos no sean motivo de enfrentamientos ni adjetivos que desdigan el cargo que van a desempeñar.

En lo personal propondría que no se considere los colegios profesionales que no tienen vinculación con el Derecho y que sea un representante los decanos de las Facultades de Derecho y no de los rectores de las Universidades quienes conformen el CNM.

Nunca olvidemos que la separación de poderes es fundamental para el funcionamiento de un Estado democrático: en ese sentido el Poder Judicial es autónomo y por lo mismo la intervención de los poderes Legislativo y Ejecutivo en el nombramiento de sus magistrados  —como lo señala el proyecto— solo agravaría la crisis de nuestras instituciones.

Recuerda, PPK, no todos los remedios son buenos.

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