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No todo está perdido

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En el Ministerio Público existen no solo funcionarios públicos valientes sino conocedores, como el doctor Germaná Matta, quienes cumplen a cabalidad la labor encomendada más allá de las presiones existentes en sentido contrario.



La sanción pecuniaria dispuesta por el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, Luis Germaná Matta, sobre el descuento de 10% de haberes al fiscal José Domingo Pérez por haber efectuado reiteradas declaraciones políticas, resulta una noticia alentadora en contraste con la irrebatible persecución política-judicial a los adversarios del actual régimen de facto. Como era de esperar, la prensa áulica se conmocionó al borde de la indignación: “Sanción a fiscal Pérez es represalia por su trabajo en el caso Lava Jato” titulaba un periódico descaradamente gobiernista.

Resulta paradójico –por decir lo menos– que en diciembre de 2018 el propio fiscal superior Germaná Matta archivara la denuncia promovida de oficio contra el hiperbólico Pérez apelando al argumento de la libertad de expresión. En ese entonces, Pérez había cuestionado la designación de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación, y fue celebrado por el programa No hay Derecho de Ideele Radio. Por ello, cae de perilla la frase “No todo está perdido”. Existen no solo funcionarios públicos valientes sino conocedores, como el doctor Germaná Matta, quienes cumplen a cabalidad la labor encomendada más allá de las presiones existentes en sentido contrario.

Mientras, en el Ministerio Público siguen las pullas internas. Los fiscales supremos Chávarry Vallejos, Gálvez Villegas y Rodríguez Monteza desafiaron a la Fiscal de la Nación, pretendiendo dejar sin efecto la designación de Pablo Sánchez como encargado de la investigación a la presunta red criminal “Los cuellos blancos del puerto”. La reacción de la señora Ávalos no se hizo esperar y, cual mensaje a la nación, en señal abierta “respaldó” a Pablo Sánchez explicándonos –sin entender por qué y para qué– las razones por las cuales continuaba a cargo. También es cierto que días antes la propia señora Ávalos reculó cuando aceptó que un fiscal supremo solo puede ser investigado por el fiscal de la Nación.

Reconocemos su meritocrática trayectoria de más de 35 años al servicio de esta noble y prestigiosa entidad; sin embargo, urgen cambios (aunque parezcan domésticos) como la designación del gerente general, la mejora en la ejecución presupuestal del Instituto de Medicina Legal, que depende del MP, en cuyo rubro Activos No Financieros (adquisición de vehículos, maquinarias y otros) solo se gastó el 0.1 % de más de los 14 millones de soles presupuestados.

Por otro lado, transcurridos más de cuarenta días del golpe de Estado del señor Vizcarra, la señora Ávalos debe fijar su posición institucional, puesto que la Carta Política (Artículo 159°) refiere que corresponde al Ministerio Público “promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho”. La fiscal de la nación no puede ni debe menospreciar tal pronunciamiento pendiente aduciendo que espera el fallo del Tribunal Constitucional: son vías diferentes, pues el rol del TC será analizar la constitucionalidad de la decisión de cerrar el Parlamento (declarándola oportunamente fundada o infundada), mientras que su posición será sobre si tal decisión afectó o no derechos fundamentales ( y de ser así perseguir de oficio la comisión de presunto/s delito/s en cautela y defensa de los derechos de nuestra sociedad).

Seguimos esperando.

Foto: Federación de Periodistas del Perú

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