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No es broma, es un disparate

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La vocación autocrática del régimen olvida, desde luego, que en una democracia las ideas no se imponen sino se debaten con amplitud y respeto, más aún si se trata de modificaciones a la Carta Fundamental.



La Real Academia de la Lengua conjuga la palabra disparate con barbaridad y, en sentido más extenso, significa un “dicho totalmente absurdo, equivocado y carente de lógica o sentido”. Esa expresión calza para definir algunas reformas que intenta imponer el Gobierno al Congreso de la República, bajo amenaza de hacer cuestión de confianza si no las aprueban en los términos presentados y en la fecha que ordenan hacerlo.

El planteamiento del Ejecutivo es inconstitucional, como señalan los más calificados académicos del país, el presidente del Tribunal Constitucional y ahora el Defensor del Pueblo. Pero también es ofensivo, humillante, confrontacional, porque pretende convertir al Parlamento en una mesa de partes, que debe cumplir el libreto del presidente Vizcarra y su Premier, bajo amenaza de disolución y convocatoria a nuevas elecciones.

La vocación autocrática del régimen olvida, desde luego, que en una democracia las ideas no se imponen sino se debaten con amplitud y respeto, más aún si se trata de modificaciones a la Carta Fundamental.

Hay, sin embargo, propuestas absurdas; como aquella que señala que para inscribir una organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones basta presentar una relación de afiliados de 0.075% del total del padrón electoral (unas 14 mil personas) y no el 4% que exige la ley (alrededor de 750 mil firmas). Actualmente existen 24 partidos, y bajar la valla al extremo que propone la comisión del Gobierno alentará que docenas de movimientos se inscriban. Provocarán, con ello, el debilitamiento de los partidos reconocidos y  la atomización del electorado; en suma, el caos.

Otro disparate mayúsculo es el proyecto 4187/2018/PE, que aspira a regular “la participación de ciudadanos en el proceso de selección de candidatos”: plantean que cualquiera pueda votar en las elecciones para elegir fórmula presidencial o listas parlamentarias, regionales y municipales de cada partido, proceso que deberá ser “supervisado por los organismos electorales”.  No es broma; no. Más bien es un disparate porque significa, por ejemplo, que los apristas podemos movilizar nuestra militancia a que concurran a los centros de votación del Partido Comunista, Fuerza Popular, AP o del PPC para respaldar a uno de sus candidatos a la presidencia o al Congreso; y viceversa.

¿A quién se le habrá ocurrido esa “idea”, absolutamente impracticable? ¿O acaso desconocen que un partido está constituido por personas que comparten una historia, ideología y programa político? Mirando al pasado –que en mucho se parece al presente–, ¿podemos imaginar a los sanchecerristas haciendo cola en los locales del partido para votar por los candidatos de su preferencia del Apra o a los apristas asistiendo a los comités de la Unión Revolucionaria (UR) para hacer lo propio? ¿Imposible, no?

Pero hay un contraargumento más: este sistema puede prestarse a grandes corruptelas, porque políticos con recursos económicos pueden contratar movilidad y trasladar a miles de personas para que voten por ellos, como muchas veces ha sucedido. Lo importante es que las elecciones internas se desarrollen con limpieza, bajo supervisión de la ONPE y, solo si la dirigencia lo considera conveniente, un partido en ejercicio de su prerrogativa democrática puede autorizar que también sufraguen independientes previamente acreditados con documento de identidad.

Lo grave es que el empecinamiento del Ejecutivo –su vena autocrática– solo provoca enfrentamientos y división entre los peruanos en circunstancias de que la inseguridad ciudadana aumenta, las obras de reconstrucción del norte están semiparalizadas, aumentan las tarifas de electricidad y agua, el desempleo ha llegado a su nivel más alto en seis años (420 900), la inversión privada se ha reducido del 4.4 % (2018) al 2.9 (2019), la inversión pública ha caído del 8.4 (2018) a -10.9 (2019), el crecimiento del PBI es de 2.3% frente a un robusto 9% que se alcanzó el 2018 o de que, en suma, seguimos bajando en el índice de competitividad mundial.

Los aspectos descritos en el párrafo anterior deberían comprometer todo el esfuerzo del Poder Ejecutivo y también del Congreso, olvidando la búsqueda de titulares y posicionamiento en las encuestas.

Peor aún, en este revoltijo ahora escuchamos a un ministro de Justicia planteando que el Estado participe en algunas “actividades estratégicas”, como minería, petróleo, puertos o una línea aérea propia. ¿El ministro Zevallos habla a nombre del Gobierno? ¿Está compulsando a la opinión pública o haciendo un guiño a la bancada comunista para que apoyen la reforma política o la cuestión de confianza?

¿No tiene más que decir el presidente Vizcarra aparte del consabido “ha sido una opinión personal”? ¿Olvida, acaso, que el declarante es el funcionario que tiene la responsabilidad de cautelar la Constitución, y que esta indica precisamente todo lo contrario a su planteamiento?

Imagen: Educasistemas

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