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¡No a la repartija de la cultura!

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Así como la izquierda tiene la frescura de ir firmando por ahí memoriales para sus recomendados, ya va siendo hora de que quienes pagamos impuestos —y que no queremos financiar una ideología ajena a nuestra visión del mundo— levantemos nuestra voz.



A raíz del golpe de estado del 30 de septiembre, el Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia 022-2019, que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual en el país.

El Congreso ya había votado antes de ser disuelto en primera votación el Proyecto de Ley 1850, Ley de la Cinematografía y el Audiovisual Peruano. Ambos, DU y PL, son muy parecidos y hechos ad hoc para crear canonjías en favor de la camarilla caviar a través de fondos públicos nada desdeñables de 6 mil UIT al año. En otras palabras, el objeto de la ley y del DU se realiza principalmente a través de financiamiento y estímulos económicos con fondos públicos, provenientes del Presupuesto Nacional de la República aprobado por el Congreso. El Ministerio de Cultura funge de dispensador.

Los beneficiarios de estos recursos, estímulos económicos y financiamiento son los proyectos cinematográficos o audiovisuales, festivales, salas de arte y ensayo, cinematecas y cineclubs. La guita, en buena cuenta, la otorga el Congreso mediante la aprobación del Presupuesto General de la República.

Sin embargo, a diferencia de otros países, como, por ejemplo, los Estados Unidos de América –en que la preservación de las obras cinematográficas clasificadas como culturalmente significativas la hace la Biblioteca del Congreso en la persona de su bibliotecario–, aquí la opinión del Congreso de la República (que es el que otorga los recursos presupuestales para el estímulo y financiamiento) no es considerado para nada. Esto es peligroso, pues no existe fiscalización, filtro ni una voz de la representación nacional en un tema tan delicado como la cultura que, muchas veces –como en el caso del Perú– se ha convertido en un coto exclusivo y excluyente de una pretendida élite, que decide por sí y ante sí qué cosa es cultura y qué no (y con un sesgo marcado en una sola visión del mundo).

Por ello sería injusto y contraproducente que, al amparo de las buenas intenciones de normas que pretenden promover una actividad cultural como es la cinematográfica y audiovisual, el Estado, a través del Congreso, promueva una determinada ideología política.

Entonces es importante y recomendable que el reglamento evite la consumación de un cenáculo que se retroalimente a sí mismo, dispensándose beneficios económicos y laureles artísticos y culturales a costa del erario nacional. Ningún “órgano consultivo” del Ministerio de Cultura debe ni tiene que tener la única y última palabra en temas que conciernen a fondos públicos. Puede hacerlo, si quiere, para cualquier financiamiento o incentivo privado para la cinematografía y el audiovisual si así lo estipula el donante, pero siempre con la participación del que honra a los beneficiados con recursos de todos los peruanos.

Es recomendable, por tanto, que el Reglamento del DU o Ley establezca la participación del Congreso a través de la Comisión de Cultura, para que este tenga la última palabra sobre los temas relativos a quiénes se otorgan los beneficios. Después de todo, ahí estamos representados todos los peruanos y tenemos derecho a opinar. Aunque esto resulta particularmente difícil porque, según las normas, el reglamento será encargado a una “comisión de expertos” en la materia cinematográfica y audiovisual (que en el 99% de los casos forman parte de la argolla caviar).

Bueno: queda hacer presión sobre el Ejecutivo para que esas 6 mil UIT no caigan en las garras de una camarilla de petulantes mandarines de la cultura, que terminan repartiéndose la plata del Estado entre ellos, premiándose los unos a los otros.  Así como tienen la frescura de ir firmando por ahí memoriales para sus recomendados, ya va siendo hora de que los que pagamos impuestos —y que no queremos financiar una ideología ajena a nuestro modo de concebir el mundo— presionemos contra la repartija en la cultura.

De este modo se establecería un sano equilibrio entre quienes dispensan los estímulos económicos y financieros a través de la Comisión de Cultura del Congreso, y la “comunidad” cinematográfica y audiovisual. Cuidado de que con el cuento del COVID los caviares ya están estirando la mano y terminen sacando reglamento para llenarse los bolsillos.

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