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Opinión

No a la polarización, sí a la justicia

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Hay otra cara que no vemos: la de los penales atestados por una prisión preventiva que debería ser la excepción, y no una abusiva regla si queremos que la impartición de justicia recupere legitimidad y confianza.



La detención provisional de Keiko Fujimori y de la dirigencia de Fuerza Popular viene provocando un sismo de alta intensidad en la mayoría legislativa. Comienza el desbande y los intentos de reemplazar su control del Congreso en lo que parece a una guerra para eliminar el adversario con el apoyo de las encuestas. La base es el ánimo generalizado en contra de Keiko Fujimori: la quieren ver presa y con ello penalizar no solo los indicios de corrupción, también y especialmente su soberbia y el hecho que desde el Congreso –manejado con mano de hierro hasta límites impensables– no hubiera atendido los aspectos más urgentes del país.

El sismo, el desbande, el tardío llamado a la armonía nacional son manifestaciones que ponen al país y a la democracia en riesgo, que comprometen la economía, el crecimiento y las inversiones. El presidente Vizcarra debería entenderlo así, y poner paños fríos sobre la violencia y la judicialización de la política. Embarcado como está en el referéndum reformista, debe entender que sus resultados no serán inmediatos y que vendrán las protestas. Lo que realmente está en la agenda es el reacomodo político para procurar la atención de las urgencias nacionales.

No estamos ante una obra de teatro de cuyos diálogos podamos ser prescindentes; se trata de un drama que concierne a todos. Hay fuerzas no solo políticas que podrían estar actuando. Populistas extremos que quisieran tomar el control de las instituciones y para evitarlo necesitamos serenidad. Felizmente, las Fuerzas Armadas y el empresariado permanecen en posiciones nacionalistas y de equilibrio.

En cualquier caso, la responsabilidad de la cúpula de Fuerza Popular es grande y merece la ostensible censura social que la afecta. La gente advierte que hicieron poco o nada para las reformas urgentes a pesar de que tenían una mayoría legislativa apabullante: se dedicaron al conflicto y ahora es tarde para ser positivamente protagónicos. El escarnio contra Keiko adelanta para muchos el cronograma electoral. Pero, cuidado, porque la caída del fujimorismo podría dar alas al espacio antisistema que cuestiona el orden establecido: podría generar a su turno una derecha dura, ultraconservadora, como la que está dominando dramáticamente Brasil con apoyo de las iglesias evangélicas y las comunidades católicas en contra de la llamada “ideología de género”.

No queremos una derecha autoritaria y retrógrada; tampoco un populismo de izquierda en extremo. Menos aún un Perú polarizado con extremos. Defendamos las instituciones que puedan sobrevivir al vendaval Lava Jato, que traerá resultados lamentablemente inesperados.

Unas palabras sobre el profesor de la Facultad de Derecho de la UNFV, don Jesús Munive Taquía, hoy abusivamente recluido con prisión preventiva desde hace dos semanas en el penal Castro Castro. En su caso, el abuso ha dado paso al error judicial y éste podría llevar a la pena de muerte informal debido a las paupérrimas condiciones de su reclusión y a su pésimo estado de salud. Advertimos en un artículo en estas páginas de este abuso.

Munive Taquía es un respetado docente que no exhibe signos exteriores de riqueza, pero ha sido sindicado por un colaborador eficaz sin corroboración. En su calidad de alto funcionario del Ministerio de Transportes integró el Comité de Licitaciones de la línea 1 del Metro, que concedió la buena pro a la empresa Odebrecht (en ese momento sin indicios de corrupción ni mala prensa).

Munive no intervino en la etapa de ejecución de la obra durante la cual se produjo la sobrevaluación a través de sobornos. Por lo tanto los indicios de culpa son débiles o inexistentes. Habiendo sido absuelto ya dos veces por la Fiscalía hoy está preso. A los 70 años, con diabetes crónica, sin control médico y alimentación impropia, sin celda debido a la cantidad de detenidos en su misma condición, duerme en un pasadizo del penal, un espacio por el cual paga 150 soles sin derecho al baño. ¿Alguien protesta por esta afrenta a la dignidad y a la trayectoria de un docente que formó generaciones de abogados?

Esperamos la rectificación vía la apelación, pero mientras llega esa audiencia debemos rechazar esta violación de derechos. El Poder Judicial y el Ministerio Publico están bajo intensa presión social, política y mediática para entregar resultados contra la corrupción. Y lo están haciendo: sin embargo, mientras las audiencias a los famosos siguen bajo los reflectores hay otra cara que no vemos: la de los penales atestados por una prisión preventiva que debería ser la excepción, y no una abusiva regla si queremos que la impartición de justicia recupere legitimidad y confianza.

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