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Negociación con rehenes

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Los delegados de Trump y Maduro conversan mientras la dictadura venezolana mantiene encarcelados a 793 opositores políticos.



No sabemos qué negocian los delegados de Trump y Maduro, pero sí sabemos que ambos gobiernos confirman que su propósito es encontrar una salida política y económica de emergencia ante una crisis que ha provocado el éxodo de cinco millones de personas. Las conversaciones, sin embargo, se desarrollan con rehenes de por medio porque la dictadura mantiene encarcelados a 793 opositores políticos, según reporte de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, señora Michelle Bachelet. Reporte que también consigna que 22 parlamentarios han sido privados de su inmunidad y que han sido registradas 7 mil  ejecuciones extrajudiciales.

Hace dos días un boletín de la ONG Acción por Libertad también recordaba que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, cumple cien días en prisión, donde se encuentra incomunicado, durmiendo en el suelo y con luz artificial, mientras que Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente Guaidó, esta detenido desde hace 150 días. La misma ONG informa que familiares del capitán Juan Carlos Guaripano –preso hace dos años– han denunciado que ese oficial ha sido víctima de infames torturas, que incluyen quemaduras, rompimiento de costillas y desprendimiento de testículos. Más aún: actualmente hay más de treinta políticos y militares asilados en diversas delegaciones diplomáticas en Caracas, que incluyen a Leopoldo López y Freddy Guevara, primer vicepresidente del Congreso.

Todos estos hechos son extremadamente graves y configuran crímenes de lesa humanidad, que deberían merecer atención urgente de la Corte Penal Internacional. Dicho organismo, sin embargo, tiene encarpetados hace una década 700 casos probados de violaciones a los derechos humanos y se resiste a enviar un equipo de fiscales, como reclaman familiares de las víctimas, el Grupo de Lima y varias naciones europeas.

La Corte es mezquina en su trabajo pero exuberante en pretensiones salariales, porque ahora los dieciocho magistrados están preocupados reclamando un aumento de sueldo (cobran 18 mil dólares mensuales, libres de impuestos, más la cobertura de otros gastos), mientras la dictadura de Maduro continúa cometiendo todo tipo de tropelías en su país.

Retirarnos de la Corte sería una respuesta diplomática de los países del Grupo de Lima, ante la sospechosa indiferencia de los integrantes de esa organización que parece aliada del chavismo y no garante de los derechos ciudadanos.

Foto: PanAm Post

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