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Mercenarios de los derechos humanos

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Caso El Frontón: no importa si nunca la CIDH tipificó el delito como de lesa humanidad; tampoco que ya pasaron treinta y dos años; menos que haya sido una obvia maniobra terrorista coordinada militarmente (con armamento militar robado, quesos rusos y cócteles molotov): lo importante es tergiversar la historia para que no se les acabe la mamadera.



El 18 de junio de 1986, en pleno XVII Congreso de la Internacional Socialista en el que un joven presidente llamado Alan García pretendía lucirse ante los líderes de la socialdemocracia mundial, explotó una reyerta de presos comunes y terroristas convictos y confesos en Lurigancho, Santa Bárbara y El Frontón, entonces isla penal en funciones. La idea era aprovechar la publicidad gratis que daba dicho congreso en beneficio de la oscura causa genocida polpotiana enarbolada por el senderismo de la época.

Treinta y dos años más tarde, la codicia indemnizatoria de los falsos defensores de los derechos humanos pretende condenar por un delito que no existió ni se tipificó a treinta y cuatro oficiales de la Marina. Se trata de un acto que realmente no tiene nada que ver con la justicia sino que es el resultado de la angurria de ciertas personas por más pagos de indemnizaciones: una actividad que parece haberse convertido en muy rentable, tanto por la complacencia gubernamental a la hora de afrontar los “juicios” como por la lenidad de toda una mafia de jueces y funcionarios internacionales a quienes —claro— no les cuesta juzgar en contra.

Dicha gente hace uso de lo que mejor saben hacer los burócratas acomodaticios de esa izquierda gauche caviar o champagne socialista: disponer de los fondos públicos que ellos generalmente no han contribuido a generar. Nada que ver con derechos humanos o justicia; lo principal es que se permita mantener un estilo de vida.

Ni el balazo que fatalmente atravesó ese fatídico 19 de junio en El Frontón el corazón del técnico de la Marina Palacios, ni la cadera destrozada del capitán de navío de la Jara, ni la sangre que brotaba a borbotones de la boca de Carlos Palomo y los otros marinos que dejaron su vida al servicio de la patria siguiendo órdenes superiores que no se discuten son óbice para que esta generación de Salonkomunisten criollos sigan en su terca persecución de un medio de vida que les ha sido fácil de mantener durante los últimos diecisiete años. No importa si nunca la CIDH tipificó como de lesa humanidad el delito; tampoco que ya pasaron treinta y dos años; menos que la operación haya sido una obvia maniobra terrorista coordinada militarmente (contaba con armamento militar robado, quesos rusos y cócteles molotov): lo importante es tergiversar y darle vueltas a una historia que —aunque trágica y lamentable— necesita mantenerse vivita y coleando para que no se les acabe la mamadera.

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