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Más sobre la Vía Expresa con peaje

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¿Tiene legitimidad una autoridad local para privatizar un acceso al interior de la ciudad a lo largo de CUARENTA AÑOS cuando su gestión es de cuatro, así nomás, sin pasar por otros mecanismos de consulta?



¿Todo debería costar? Habrán quienes piensan que sí, otros que no. ¿Respirar, por ejemplo, debería costarnos plata o se trata de un derecho natural? La respuesta es que no se puede privatizar el derecho a respirar. ¿Nacer? Si se nace en una clínica privada obviamente cuesta dinero, y requiere de una planificación financiera.

Y en la vida a muchos les cuesta estudiar; ir al cine, a todos; obviamente también cuesta tomar un café. ¿Pero caminar, jugar en los parques, darse volantines, imitar a Messi, saltar a la soga, debería costar dinero? Obviamente, no. Y transitar por la ciudad… ¿sí o no?

La pregunta ahora resulta pertinente respecto a la circulación de vehículos al interior de la ciudad: ¿trasladarse de un distrito a otro debe costarnos un monto adicional al ya presupuestado? ¿Tiene sentido privatizar la circulación vehicular al interior de las ciudades como Madrid, Londres, Buenos Aires o Lima –y pagar peaje por eso– o es un derecho ciudadano?

El tema tiene que ver con lo que entendemos por desarrollo y planificación, y con el concepto de ciudad que queremos generar.  No es solo un tema de plata y  financiamiento, sino de política pública y perspectiva, de bienestar, de derechos de ciudadanía, de organización y políticas de recaudación, de relación entre los gobiernos locales y las políticas de Estado. Es también, en nuestro país, un asunto de intereses y de negocios. Y de (lo estamos viendo) coimas: de pago de favores y de otras negociaciones bajo la mesa.

Pero, más allá de eso, circular por la ciudad es un tema de concepto básico, de derechos ciudadanos y de gobernabilidad. No se debe llegar a una alcaldía para luego no informar adecuadamente al Concejo, o para dar por terminada una discusión chispeante cuando se está hablando de licitaciones, adendas y políticas públicas. Generar mecanismos de control y buscar consensos, formas de consulta, son aspectos esenciales.

Nada de eso funcionó en el caso de la fallida iniciativa de ampliación de la vía expresa.

El alcalde decidió adendar una iniciativa que venía de una gestión corrupta respecto a la contratación de obras de gran envergadura. La enarboló como una iniciativa de la exalcaldesa. Luego de eso retrocedió, pero ya la adenda con arbitraje futuro había sido firmada, y de manera impositiva. Pretendió imponer una ampliación de la vía expresa con cuatro peajes (dos de ida y dos de vuelta) que, según los especialistas, estaba sobrevaluada al punto de que se trataba de uno de los presupuestos más costosos por kilómetro cuadrado de (al menos) toda la región latinoamericana.

El Concejo de Lima, sin embargo, no fue capaz de establecer límites a esta iniciativa. Esa institución no funcionó como mecanismo de control democrático: mucho tuvo que ver en esto que el propio alcalde no lo permitiera.

Todos conocemos la congestión de la Vía Expresa en horas punta. Se trata de un acceso de tres carriles, en el que la ampliación iba a reducir los carriles de libre tránsito a dos. ¿Qué se pretendía? ¿Que el tráfico fluyera con un carril menos? El proyecto contemplaba un tercer carril absolutamente opcional, pero privado. De esa forma todos iban a verse obligados a transitar DURANTE CUARENTA AÑOS por la única vía privada concesionada y sujeta a aumentos de peaje.

Ahora resulta que el proyecto no va más con la empresa escogida debido a la información que ha llegado de Brasil vinculada a casos de corrupción precisamente en peajes y carreteras. Usted, amigo lector, sí conocía este importante detalle; sin embargo, ¡el alcalde, no! Parece evidente, entonces, que el contrato se cayó por la presión política al interior de su partido y porque el proyecto se perfilaba como un escándalo. El caso Lava Jato, en realidad, habría sido solo un pretexto.

¿Qué institución regula todo esto si el propio Consejo no puede con el tema? ¿Alguna autoridad puede investigar lo ocurrido o ahí queda el asunto? ¿Se volverá a licitar el proyecto bajo la modalidad de peaje o se gestionarán otros mecanismos de financiación distintos?

¿Tiene legitimidad una autoridad local para privatizar un acceso al interior de la ciudad a lo largo de cuarenta años cuando su gestión es de cuatro, así nomás, sin pasar por otros mecanismos de consulta? ¿Reducir a dos carriles una vía rápida liberaría o congestionaría el tráfico vehicular? ¿Debe ampliarse la Vía Expresa pero con peaje al interior de la ciudad o debe ser una vía libre financiada con la colaboración del Estado?

Profundizando en el tema se generarán las condiciones para que no vuelva a ocurrir que se active un proyecto a través de una adenda (con arbitraje incluido) y que semanas después se desestime el acuerdo ya firmado pero con la adenda activada.

¿Todo esto generará consecuencias económicas u obligaciones adicionales al municipio? Vaya historia la de esta concesión asignada a una empresa con nombre propio y que podría terminar en una entelequia o licitación fantasma.

Foto: Andina

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