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¡La lucha contra la corrupción no puede convalidar la ley de la selva!

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Lo que hoy se pretende en nuestro país es el todo vale. La Constitución y las leyes han pasado a ser parte de la decoración.



Es lamentable el nivel de intolerancia de las redes y que la mayoría de comentarios, sarcásticos y ruines, estén destinados a destruir al mensajero. El contenido pasa a ser irrelevante: toda la finalidad es descalificar calidades personales, dar puñaladas verbales.

¡Qué satisfacción deben sentir al creer que mandan un tuit triunfador! Resulta deplorable que las discrepancias no se puedan discutir con altura y que se quieran imponer las opiniones a gritos: mayúsculas y signos de exclamación. Quizás son personas que sí podrían mantener una conversación alturada y con respeto, pero el frenesí del aparatito que les permite mantenerse en la sombra los vuelve locos. Otros –grandes hipócritas– se pronuncian como la gente espera de ellos, con mucha grandilocuencia; siempre adoptando posiciones tibias y sin comprometerse mucho (sobre todo aquellos que ocupan puestos financiados desde el exterior, donde se les exige al milímetro ser políticamente correctos).

Mucha gente interpreta que la defensa del imperio de la ley –la mayor expresión de la democracia– es una colusión con los procesados. Pues se equivocan: cuestionar las formas y actos procesales del fiscal José Domingo Pérez y del juez Richard Concepción Carhuancho no es una defensa ciega de Keiko Fujimori ni de Alan García Pérez. Si cometieron delitos que se les investigue y juzgue en el marco de un debido proceso, y con todas las garantías que la ley concede a los ciudadanos en este “supuesto” país civilizado al que decimos pertenecer. Que se identifiquen con probidad y fehaciencia las pruebas que los incriminan y que, recién entonces, les caiga todo el peso de la ley.

Mientras ello no ocurra ambos deberían seguir en libertad, y no amenazados y denigrados para exaltar los ánimos de la población, hoy completamente desaforada y vengativa. La prensa tiene una gran responsabilidad que aún no asume ni asumirá. Quizás habrá que forzarla, porque ni siquiera se da por aludida; todo lo contrario, siente que el cargamontón hacia “ciertos” investigados es el mejor ejemplo de su lucha contra la corrupción. Y nos lo enrostra todos los días con sus portadas digitadas.

Los medios son los que más han capitalizado de esta situación de pánico y persecución que vive el Perú. ¿Tendrán las manos limpias? Por cierto, ¿quién investiga a la prensa? Nadie. Son intocables, unas vacas sagradas que parecen tener comprada la inmunidad eterna.

Todos los vociferantes parecen olvidar que el principio de legalidad se tiene que desplegar en todas las ramas y recovecos del Derecho y, en especial, del derecho penal (en el que está en juego la libertad de las personas). La lucha contra la corrupción no puede convalidar la ley de la selva, pero eso es exactamente lo que hoy se pretende en nuestro país: el todo vale. La Constitución y las leyes han pasado a ser parte de la decoración.

Como hay muchas personas que consideran que recién se está haciendo justicia en el Perú (aunque a Susana Villarán ni con el pétalo de una rosa), le sugeriría al ministro Oliva utilizar el imbatible potencial de amedrentamiento que han demostrado el fiscal José Domingo Pérez y su gran aliado el juez Richard Concepción Carhuancho para combatir la evasión fiscal y la informalidad. Le propongo que cree un área especializada en Sunat para que este equipo imbatible intervenga mercados, empresas de transporte y fábricas clandestinas, en los sitios más recónditos del país (aquellos que no conocen ni leyes ni Estado). O que también ataquen la minería ilegal.

Si no le temen a nada ni a nadie, que demuestren que también pueden hacer patria combatiendo esa inmensa corrupción que parece todos hemos olvidado: la evasión tributaria que asciende a 36% de IGV y 57% del Impuesto a la Renta. ¡Háganse una por ese lado también!

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