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Los soldados olvidados

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Que el cálido aplauso de la población a los discapacitados de las Fuerzas Armadas en estas Fiestas Patrias se proyecte en acciones concretas en beneficio de ese grupo humano que, aunque tuvo mejor suerte que los 1230 militares y 900 policías que murieron cumpliendo su deber, sufre hasta ahora precariedades y desatención inaceptables.



En el desfile por Fiestas Patrias miles de peruanos aplaudirán el paso marcial de los discapacitados de las Fuerzas Armadas que, como todos los años, se desplazarán uniformados, en sillas de ruedas y portando con orgullo una bandera del Perú. Sin duda, las palmas y vítores serán mayores que para otros batallones regulares porque expresarán la gratitud: el honesto y emotivo reconocimiento cívico amilitares que hoy padecen graves problemas de salud por servir al país.

Sobrevivientes de los combates en la frontera norte contra el terrorismo y el narcotráfico, unos cuatro mil efectivos han quedado total o parcialmente ciegos, sordos, mutilados, parapléjicos y con diversos problemas psicológicos. De ese porcentaje, un 68% pertenece al Ejército, 25% a la Marina y 7% a la Fuerza Aérea. Una característica adicional los distingue: en su mayoría son personas muy pobres, provincianos, carentes de recursos económicos para atender urgencias médicas, atención que por ley debería ser brindada satisfactoriamente por el Estado. Pero la realidad es diferente.

El Hospital Militar Central –construido hace sesenta años– todavía revela, a pesar de haber introducido importantes mejoras en los últimos tiempos, graves deficiencias porque no cuenta con una infraestructura adecuada para servir con prontitud y eficiencia al personal con discapacidad. Ese viejo nosocomio, además, carece de salas de espera, servicios higiénicos, estacionamientos, equipos de rehabilitación, de prótesis, medicinas o insumos para el tratamiento y operaciones de los pacientes. A lo anterior se agrega que el tiempo de espera para sus ejercicios de rehabilitación es exasperantemente largo y quienes esperan tampoco tienen prioridad sobre otros pacientes –activos o retirados y sus familiares–, como sucede en otros países.

Por ello, después de un largo estudio desarrollado por especialistas de los Ministerios de Defensa, Salud y Economía y Finanzas, así como por los directores de los hospitales de las Fuerzas Armadas –un equipo multidisciplinario que tuve el honor de coordinar– se aprobó un proyecto para construir un Centro de Rehabilitación exclusivo para discapacitados por acción de armas o actos de servicio, con ocasión o consecuencia de los mismos.

El área a edificarse en un terreno libre del propio nosocomio era de 5813 m2, más una playa de estacionamiento de 3465 m2. Su costo fue estimado en 46 millones de soles, cifra que incluía una inversión de 16 millones en equipos de rehabilitación de última generación. El proyecto fue aprobado por el Gobierno en julio del 2011 y dispensado del SNIP mediante Decreto Supremo No 104; por Decreto Supremo No 149 se autorizó la transferencia de 600 mil soles para elaborar el correspondiente expediente técnico.

No se construyó. El gobierno de Humala lo engavetó e hizo lo mismo con el proyecto de construcción de dos torres con 146 viviendas diseñadas especialmente para beneficiar al personal con discapacidad del Ejército, que debieron levantarse en un terreno de 2000 m2 en Breña, en el denominado Cuartel General de Inválidos.

Rescatar esos dos proyectos debe ser un objetivo de gobierno del presidente Vizcarra. Y en esa línea, disponer que en aplicación de la ley 29487 el Ministerio de Defensa suscriba los convenios respectivos para que los discapacitados de las Fuerzas Armadas puedan atenderse en centros hospitalarios del Ministerio de Salud, de EsSalud y en clínicas privadas.

Que el cálido aplauso de la población en estas Fiestas Patrias se proyecte en acciones concretas en beneficio de ese grupo humano que, aunque tuvo mejor suerte que los 1230 militares y 900 policías que han muerto cumpliendo su deber, sufre hasta ahora precariedades y desatención inaceptables.

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