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Los cañones de la libertad

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La izquierda nos ha querido vender el cuento de la protesta de un pueblo desarmado contra una represión brutal. ¡Pero la desarmada, moral, material y políticamente, es la policía!



La Defensoría del Pueblo ha exigido al gobierno “una explicación convincente” por la muerte de otro manifestante contra el proyecto Tía María. Ya van dos muertos y 111 policías y 75 civiles heridos como consecuencia de un paro que empezó el 23 de marzo y no tiene visos de cuándo acabar.

Lo cierto es que la “explicación convincente” que demanda la Defensoría está en el contexto violento del paro y de sus consecuencias delictivas. Ayer, un helicóptero de la PNP fue seriamente afectado por una lluvia de pedradas lanzadas por los manifestantes cuando volaba al ras del suelo como maniobra disuasoria. El artefacto quedó inoperativo y la vida de sus ocupantes estuvo en grave riesgo de terminar calcinada.

La Defensoría y varias ONG de dd. hh. así como la plétora de colectivos y partidos de izquierda y sus voceros han exigido que el uso de la fuerza por parte de la PNP sea proporcional a la de los manifestantes. Consideran inadmisible que contra piedras y palos –que mantienen en zozobra la región, asolando dependencias públicas y propiedad privada, intimidando a quienes no comulgan con el paro y secuestrando las vías de comunicación— el Estado responda con armas de fuego.

Pero el atentado de ayer contra el helicóptero policial y sus ocupantes ha dejado claramente establecido el poder mortal que tienen las ARMAS de los manifestantes y el carácter delictivo de la protesta. Así pues, si desde el helicóptero los policías hubiesen disparado sus armas de reglamento contra los delincuentes que intentaban estrellarlo, habrían estado en todo su derecho de legítima defensa, aquí y en cualquier parte del mundo.

La izquierda nos ha querido vender el cuento de la protesta de un pueblo “desarmado” contra una represión brutal. Es todo lo contrario. La desarmada –moral, material y políticamente– es la policía contra una turba que, al haberse puesto fuera de la Constitución y la ley, no es más que una gavilla de delincuentes.

Aquí, Tía María y la Southern ya pasaron a un segundo plano. No importan. De lo que se trata es de que el Estado y su gobierno no pueden dejar que se instale en el valle del Tambo la tierra de nadie. Ese es el incentivo perfecto para la anarquía, enemiga mortal de la libertad y la igualdad. Por lo tanto, el principio de autoridad debe ser impuesto con el monopolio de la fuerza que le da al Estado la Constitución. Es su deber.

Y cuando se cumple con el deber los complejos están de más.

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