Libertad de opinión bajo ataque

Las elecciones ya empezaron. Uno lo sabe cuando empieza a caer la basura lanzada con cargadores frontales. Y la basura solo cae de un lado hacia los periodistas y políticos independientes que no bailan la cuerda al son que toca Palacio de Gobierno.

En menos de quince días los acontecimientos se han ido sucediendo sin pausa. Primero fue el hackeo a la página web del diario Expreso y a un diario digital que disienten del régimen. Hace apenas un par de días una conferencia organizada por zoom por la Coordinadora Republicana –en la que exponían la periodista María del Pilar Tello y la abogada experta en negociación y derechos humanos y exprocuradora del Perú ante la CIDH, Delia Muñoz– fue víctima de una invasión de pornografía de la peor ralea. El último fin de semana un sicario pata de palo agredió en el semanario H13 a los periodistas Mariela Balbi, Ricardo Uceda y Fernando Rospigliosi, todos con una verdad diferente a la del statu quo.

Yo mismo caí bajo fuego graneado de un portal digital oficialista, en el que se apaleaba a personajes periodísticos y políticos disidentes como Rafael Rey, José Barba, Juan Sheput o Víctor Andrés García Belaunde, por haber prometido durante mi campaña como candidato al Congreso velar para que Vizcarra no se reelija, según él mismo había prometido. Tan es así que tuve razón que, en efecto, Vizcarra invocó a SU PROMESA de no reelegirse y no a su OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL, como hubiera sido el caso.

Como se puede ver, la lista es amplia y es consecuencia de una amenaza directa del presidente cuando en una de sus “conferencias de prensa” sin periodistas lanzó, en plena cuarentena que naufragaba, que ya tenía “identificados” a los criticones. La cosa, sin embargo, no ha quedado ahí.

En lo que más se asemeja a un contubernio entre Palacio y la fiscal de la Nación, se han soltado los perros para que vuelvan a la caza. Los desvaídos fiscales Vela y Pérez han regresado a la noticia de primera plana, uno para echar barro a sus superiores en todas las tribunas oficiales y oficiosas pidiendo que lo dejen hacer lo que le venga en gana, mientras que el otro –cada día menos cuerdo– ha vuelto a solicitar prisión preventiva contra Keiko Fujimori por haber enviado una CARTA GRUPAL a sus congresistas conminándolos a defender los principios de la Constitución del 93, bajo el “argumento” de que uno de sus congresistas es testigo en su proceso y la sala judicial ha ordenado no tener contacto alguno con ellos.

Un disparate más qué importa para la prensa adicta al régimen. Si nadie puede expresar sus opiniones EN DEFENSA de la Constitución, ¿dónde estamos? ¿O la próxima campaña será con tapabocas?