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Ley Universitaria: los setenta años

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Los docentes nombrados siguen cumpliendo sus actividades académicas pero ya no tienen todos sus derechos.



El Perú no puede darse el lujo de privarse de la participación de sus mejores docentes, de quienes a los 70 años o más son doctores en la ciencia y en la vida, de quienes han publicado libros y tienen vasta experiencia. Pero la Ley Universitaria 30220, los desecha para la universidad pública no para las privadas.

Estos docentes nombrados siguen cumpliendo con sus actividades académicas pero ya no tienen todos sus derechos. No pueden ser candidatos ni tampoco autoridades; son demasiado viejos, su sabiduría no sirve, la acumulación de su experiencia tampoco, menos aún sus estudios y títulos. La lápida está puesta por el artículo 83 de la Ley Universitaria y esta discriminación viola el artículo 2 de la Constitución, que dispone el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos.

La misma Ley Universitaria 30220, en su artículo 88, establece como un derecho del docente ordinario elegir y ser elegidos en las instancias de la dirección institucional. Pero los de setenta años no han cesado y están en el limbo porque no hay un reglamento para aplicar ese artículo 84; esa omisión ha sembrado el desorden y la incertidumbre en todas las universidades públicas.

Cada universidad busca enfrentar el tema de la mejor forma. San Marcos tiene un cronograma por el cual el próximo 2017 deberán cesar los docentes de 80 años; el siguiente año, los de 75 y posteriormente, los de 70. Mientras tanto, la condición de docentes ordinarios está indemne y, si no han cesado, deberían tener vigentes todos sus derechos. Otros estatutos han establecido que el cese por edad sería solo para los que ingresen con posterioridad a la promulgación de la norma por el principio de irretroactividad, derogación y abuso del derecho. La Ley solo es retroactiva cuando favorece al trabajador y no es el caso.

En las ya próximas elecciones de la Universidad Federico Villarreal, los docentes de 70 o más años podrán votar pero no ser autoridades. No sirve la calidad ni la experiencia. Suena irónico cuando el Ministro de Educación dice que la prioridad es la inversión en los maestros. Y más aún cuando el Perú tiene un presidente elegido a los 77 años y que culminará su periodo siendo octogenario y con todos sus derechos, como debe ser.

Toca al Congreso rectificar. Eliminar ese artículo 84 o reglamentarlo con arreglo a los derechos y garantías fundamentales. Les corresponde impedir que la Ley Universitaria, que debe ser perfeccionada, siga colisionando con el principio de la igualdad, la libertad de cátedra, el derecho al trabajo y la autonomía universitaria. La Comisión de Educación tiene la palabra para que los claustros de la universidad pública recuperen la tranquilidad que nunca debieron perder.

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