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Ley Pulpín: camino a la derogatoria

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El gobierno se la puso en bandeja y gratis a la oposición.



Con una solemnidad oportunista —intentando echar agua fría al conjunto de temas que han socavado su mínima credibilidad— el presidente Ollanta Humala convocó a una legislatura extraordinaria del Congreso para debatir las propuestas legislativas relacionadas a la ley laboral juvenil.

En medio de su explicable desesperación y ante el anuncio de una quinta marcha contra esta norma, el gobierno busca cerrar con esa medida un foco de tensión pública que lo ha puesto contra la pared, a expensas de un creciente repudio. Y lo hace soplándole la pluma a la representación nacional después de que su presidenta se negara en todos los idiomas a llamar al pleno. 

Y este pleno ya está maduro, en todas las tiendas, para derogar la Ley Pulpín. No hay otro camino. Pero Humala cree que gozará como Nerón viendo el incendio de Roma, aferrado a la idea de que el Parlamento comete un suicidio y que perjudicará a los jóvenes. Dirá en adelante que “los políticos” (como si él no lo fuera) asesinaron una herramienta valiosísima para la novel fuerza laboral. 

Será lo contrario. Nadie extrañará la norma y la oposición cosechará el fruto de la protesta callejera independiente. “Gracias Ollanta”, le dirán los “cuatro o cinco” políticos a quienes el presidente atribuyó, torpemente, la algarada.    
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