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Lawfare: la guerra jurídica en el Perú

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El llamado Lawfare requiere de tres dinámicas y un actor clave para construirlo: el timing político, la reorganización del aparato judicial, el doble rasero de la ley, y los medios de comunicación masivos y concentrados.



Charles Dunlap Jr., general de División (r) de la Fuerza Aérea de los EE. UU., define a la guerra jurídica “como el uso de la Ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar tradicional”. Por su parte, CELAG define al Lawfare como “el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción”.

El Lawfare, entonces, requiere de tres dinámicas y un actor clave para construirlo: timing político, reorganización del aparato judicial, el doble rasero de la ley, y medios de comunicación masivos y concentrados.

En el Perú, el timing político son las persecuciones policiales/fiscales/judiciales a personajes políticos de notoriedad cuyos presuntos delitos fueron cometidos con bastante anterioridad, pero que de manera sorpresiva y justo en momentos de efervescencia política fueron privados de su libertad (o a punto de): los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García(Q. E. P. D.), Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. El caso de Keiko Fujimori Higuchi es singular; toda vez que se encuentra en prisión preventiva sin haber sido jamás funcionario público con manejo de recursos.

La reorganización del aparato judicial está en la desactivación del CNM –que incluyó la inhabilitación de sus miembros– y, en paralelo, los cuestionamientos e imputaciones contra determinados jueces y fiscales, siendo los más conocidos los señores Duberlí Rodríguez, César Hinostroza, Aldo Figueroa, Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Raúl Rodríguez Monteza, presuntamente vinculados a redes delictivas y obligados a renunciar a sus cargos o apartarse de determinados procesos judiciales. A su vez, presenta el protagonismo extremo de jueces y fiscales como Concepción Carhuancho, el dúo dinámico Vela-Pérez y las siempre solícitas Sánchez-Castro (del Callao), en claro y evidente desapego de sus funciones, e intromisión en otros poderes del Estado. Se trata pues, de retirar o apartar de la función a jueces y fiscales incómodos, colocando en su lugar a aquellos que sí resulten atractivos para los intereses del Gobierno.

El doble rasero de la ley está en la persecución fiscal/judicial a congresistas igualmente incómodos al gobierno como Karina Beteta, César Segura, Segundo Tapia, Mario Mantilla, Freddy Sarmiento y Jorge Castro –investigados por delitos de peculado doloso y falsedad ideológica–, así como a Héctor Becerril, Javier Velásquez, Carlos Bruce, César Vásquez y Clemente Flores –por actos de corrupción vinculados a “Los temerarios del crimen”–. Dichas investigaciones, además, alcanzan partidos políticos (allanamiento al local de Fuerza Popular y solicitud de extinción del Partido Nacionalista); no obstante ello, poco o nada se ha investigado (y menos acusado) a personajes relacionados con hechos de corrupción ligados a la deleznable Odebrecht o a las empresas integrantes del otrora Club de la Construcción.

Y sobre los medios de comunicación masivos y concentrados, el entonces jefe de la KGB, Yuri Andropov, decía: “La desinformación es como la cocaína. Esnífala una o dos veces; y puede que no cambie tu vida. Pero si la usas todos los días te convertirá en un adicto, en un hombre diferente”. En nuestro país, los grandes medios de comunicación diariamente inundan titulares antagónicos, apoyando decididamente al gobierno (explicando sus supuestos éxitos y/o bondades) y, a su vez, atacando de manera inmisericorde a aquellos personajes incómodos y considerados como corruptos o cómplices de la corrupción. Llegan, incluso, en algunos casos a esgrimir que “por culpa de ellos” es que el gobierno no puede avanzar como quisiera.

Mientras tanto, seguimos profundizando las brechas existentes. Nuestro Perú continúa polarizado y a su vez paralizado, con un Gobierno ajeno e indiferente ante los graves problemas cotidianos.

Ilustración: Eneko, tomada de TeleSUR

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